La renuncia de Marco Lavagna como director del INDEC ha desatado una crisis en el organismo estadístico argentino, con acusaciones de manipulación de datos para favorecer el relato oficial del gobierno de Javier Milei. Analistas comparan la situación con las prácticas del kirchnerismo, mientras el Ejecutivo busca controlar los daños y planea un nuevo índice de inflación para agosto de 2026.
La salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) ha revivido temores sobre la integridad de las estadísticas oficiales en Argentina. Economistas como Diego Giacomini han criticado al gobierno de Javier Milei por intentar utilizar las cifras para ajustar su relato económico, especialmente en materia de inflación y actividad. "Estamos en frente de un gobierno que quiere utilizar las estadísticas oficiales", afirmó Giacomini en declaraciones a Radio 10, añadiendo que manipular datos de inflación viola contratos privados indexados y genera un "apagón estadístico".
El conflicto surgió tras la renuncia de Lavagna, quien ocupaba el cargo desde hace más de dos años. Fuentes oficiales indican que la decisión de revertir a la antigua metodología del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue tomada por el presidente Milei y el ministro de Economía, Luis 'Toto' Caputo, para evitar "especulaciones mediáticas". Caputo desmintió en redes sociales las declaraciones de Lavagna, argumentando que el nuevo índice habría mostrado una inflación de enero una décima menor que la actual. Sin embargo, no hay fecha confirmada para implementar la nueva canasta de consumo, aunque se presume agosto de 2026, cuando Milei predijo que la inflación comenzaría con cero.
Giacomini también señaló ajustes en el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) para agosto y septiembre, que convirtieron una caída en un crecimiento del 5% interanual, evitando declarar recesión formal. El gobierno vinculó a Lavagna con Sergio Massa y elogió a su reemplazante, Pedro Lines, como un técnico sólido sin lazos con la era de Guillermo Moreno. Esta crisis ha impactado los bonos soberanos, con caídas en los mercados, y ha generado llamados a la transparencia desde el 'círculo rojo'. El oficialismo desplegó un raid mediático para calmar las aguas, emparentando involuntariamente con prácticas kirchneristas pasadas.
