Una familia lesionada en el descarrilamiento del Tren Interoceánico presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra contratistas y funcionarios por lesiones y abuso de autoridad. El accidente, ocurrido el 28 de diciembre en Oaxaca, dejó 14 muertos y decenas de heridos. La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que las víctimas no necesitan acciones legales adicionales y pueden acudir a la Comisión Ejecutiva de Víctimas para apoyo.
El descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec ocurrió el 28 de diciembre de 2025 en el estado de Oaxaca, sur de México, causando la muerte de 14 personas y dejando decenas de heridos, de los cuales 11 permanecen en atención médica al 5 de enero de 2026.
Una familia afectada, integrada por Juan Manuel Iglesias, Flor del Carmen Temích y su hijo Alexis Iglesias Temích, quienes viajaban de Ciudad Juárez a Oaxaca, presentó una querella ante la Fiscalía General de la República (FGR) ese mismo lunes. Representados por el despacho Vega Mac Gregor Arellano Abogados, sin su presencia física, denunciaron el 'delito de lesiones' y 'abuso de autoridad' contra contratistas responsables, como Comsa Infraestructuras, Grupo Constructor Diamante y Daniferrotools.
El abogado Adrián Arellano explicó: 'Son una familia que venía de misiones de Ciudad Juárez a Oaxaca, lamentablemente no pudieron arribar a su destino producto de este descarrilamiento'. La denuncia busca colaborar en la investigación de la FGR y evitar que el caso se olvide. Juan Manuel Iglesias, en contacto telefónico, afirmó: 'Esta demanda es para aquellos funcionarios que omitieron su trabajo y cedieron a la corrupción'.
Las lesiones incluyen una apertura en la cabeza de 18 puntos y cirugía en el brazo para el hijo, una lesión de segundo grado en el tobillo para el padre y una afectación cervical de primer grado para la madre. Iglesias criticó la falta de insumos y sensibilidad en el hospital.
La denuncia se basa en irregularidades señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desde 2019 hasta febrero de 2025, como mala supervisión, construcción y rehabilitación, sin evidencia fotográfica de los trabajos.
En su conferencia matutina del 5 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que no es necesario que las víctimas inicien procedimientos legales adicionales, ya que la FGR abrió una carpeta de investigación con peritajes de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. 'No es necesario que se acerquen abogados', dijo, advirtiendo sobre bufetes que buscan comisiones. Recomendó acudir a la Comisión Ejecutiva de Víctimas (CEV) para apoyo gubernamental y recursos de seguros. La FGR extrajo información de la 'caja negra' de la locomotora y el gobierno promete reparación integral del daño, con indemnizaciones en definición junto a la aseguradora.
