La empresa israelí Enlight Renewable Energy participa en la ampliación del parque eólico Gecama, el mayor de España, en Cuenca, a pesar de las medidas del Gobierno español que vetan el comercio con Israel por la situación en Gaza. El proyecto, autorizado en julio, incorporará paneles solares y baterías para duplicar la producción a 625 MW. Organizaciones critican la decisión por incoherencias en derechos humanos.
El parque eólico Gecama, ubicado en los municipios de Atalaya del Cañavete, Cañada Juncosa y Tébar en la provincia de Cuenca, es el mayor de España con 329 MW de capacidad actual, ocupando 8.000 hectáreas. Propiedad de Enlight Renewable Energy, una empresa israelí con operaciones en territorios ocupados como la franja de Gaza y los Altos del Golán, el sitio produce parte del 56% de energía renovable de España en 2024.
En julio de 2025, el Ministerio para la Transición Energética aprobó la hibridación del parque, que incluirá paneles fotovoltaicos y baterías de almacenamiento para suministrar energía limpia 24 horas a 100.000 viviendas. Esta ampliación, con una inversión de 310 millones de dólares, duplicará la producción a 625 MW para mediados de 2026 y generará ingresos anuales de 87 millones de euros para Enlight, según datos de la compañía. La autorización se dio antes de que en septiembre el Gobierno anunciara vetos al comercio de armas y productos de territorios ocupados con Israel.
Juan Miguel, un agricultor jubilado de Tébar, convive con el ruido de las turbinas: “El ruido es insoportable cuando funcionan todos a la vez”, dice, añadiendo que rompen el paisaje rural.
Cristina Alonso, de Amigas de la Tierra, denuncia la participación de Enlight, acusada por más de 130 ONG de lucrarse con el genocidio en Gaza: “Es responsabilidad del Estado decidir qué empresa participa en la transición energética”. Critica el proyecto como sobredimensionado y ejemplo de greenwashing, argumentando que ocupa suelo agrícola innecesariamente en la España vaciada.
El Ministerio para la Transición Ecológica, liderado por Sara Aagesen, aclara que la aprobación se basa en criterios técnicos y que la nacionalidad de la empresa no es relevante en el procedimiento. Fuentes ministeriales remiten al Consejo de Ministros para decisiones sobre sectores estratégicos como la energía verde, evitando impactos en acuerdos previos.