El Gobierno de México rechazó este jueves el informe del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED), al que calificó de “tendencioso” y con “falta de rigor jurídico”. Las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y Gobernación (Segob) emitieron un comunicado conjunto acusándolo de omitir esfuerzos institucionales de la actual administración. El reporte destaca a México como el país con más acciones urgentes por desapariciones en el mundo.
Las autoridades mexicanas respondieron al informe del CED, que señala a México con 819 acciones urgentes por desapariciones forzadas entre 2012 y febrero de 2026, representando el 38% del total global. En los últimos cinco meses, de septiembre de 2025 a febrero de 2026, se registraron 40 nuevas solicitudes, más de un tercio del total mundial en ese periodo.
El Gobierno subrayó que el documento se centra principalmente en hechos de 2009 a 2017, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. “Omite considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo, y lamentamos que haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano”, indicaron la SRE y Segob.
Las dependencias federales calificaron el informe de “parcial y sesgado”, aunque reconocieron que el propio CED admite la ausencia de indicios de una política federal para ataques generalizados contra la población civil. Además, señalaron un “conflicto de interés” en algunos integrantes del comité, por vínculos con organizaciones que han presentado quejas contra México.
México reafirmó que “no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas” y destacó reformas legislativas e institucionales en coordinación con colectivos de familiares. Expresó apertura a la cooperación técnica internacional, pero rechazó premisas que no reflejen su realidad actual.