Por primera vez desde 1917, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sesionará fuera de la Ciudad de México, en Tenejapa, Chiapas, este jueves 26 de febrero de 2026. La sesión extraordinaria se centrará en derechos indígenas y busca acercar la justicia a comunidades marginadas. Esta iniciativa deriva de una reforma al Reglamento de Sesiones publicada en septiembre de 2025.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llevará a cabo su primera sesión extraordinaria fuera de su sede en la Ciudad de México este jueves 26 de febrero de 2026, en el municipio de Tenejapa, Chiapas. La sesión está programada para las 12:00 horas en la explanada de la Casa de la Cultura de Tenejapa.
Esta decisión se basa en una reforma al Reglamento de Sesiones de la SCJN, publicada el 4 de septiembre de 2025, que permite al Pleno deliberar en territorio cuando existan razones sociales que lo justifiquen, a petición de ministros o ciudadanía. La Corte busca acercar la justicia constitucional a comunidades históricamente marginadas y pueblos originarios, fortaleciendo la transparencia, legitimidad institucional y acceso efectivo a la justicia.
Tenejapa fue elegida como primera parada de la Corte itinerante debido a que Chiapas concentra una de las mayores poblaciones indígenas del país, con presencia de 12 de los 68 pueblos originarios reconocidos constitucionalmente. Además, cerca del 70 por ciento de su población enfrenta pobreza multidimensional, según datos del Inegi y el Coneval.
La agenda incluye tres asuntos relacionados con derechos indígenas. El primero es el amparo en revisión 344/2025, promovido por la comunidad indígena tsotsil de La Candelaria, que reclama reconocimiento legal de su autogobierno. El proyecto, a cargo de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, argumenta que el Congreso local omitió emitir el marco normativo para el derecho a la libre determinación de los pueblos, reconocido en el artículo 2 de la Constitución.
El segundo tema es una controversia constitucional promovida por la Presidencia de la República contra el Gobierno de Hidalgo, por declarar la charrería como patrimonio cultural intangible estatal en 2024. El proyecto de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra propone validar la actuación estatal, ya que el gobierno hidalguense tenía facultades locales.
Finalmente, un amparo en revisión de la comunidad indígena rarámuri de Tehuerichi, en Chihuahua, a cargo del ministro Arístides Guerrero García. Desde 2012, la comunidad emite actas de nacimiento y defunción ante la ausencia de servicios oficiales. El proyecto busca reconocer el gobierno tradicional rarámuri, validar los documentos y vincular dependencias públicas para políticas interculturales que garanticen el derecho a la identidad.
