La Corte Suprema de Corea del Sur ha confirmado una sentencia que ordena a una empresa constructora japonesa compensar a la familia de una víctima de trabajo forzado durante la guerra. La víctima, de 22 años y apellidada Park, fue reclutada en octubre de 1944 en la oficina de Fukushima de la empresa y murió el febrero siguiente. La decisión respalda una sentencia de 2018 del alto tribunal que afirma el derecho de las víctimas a reclamar daños.
El 30 de enero de 2026, la Corte Suprema de Corea del Sur confirmó una sentencia que obliga a la empresa constructora japonesa Kumagai Gumi a pagar 100 millones de wones (unos 69.500 dólares) en compensación a la familia de una víctima de trabajo forzado durante la guerra. La víctima, un hombre de 22 años apellidado Park, fue reclutado en octubre de 1944 para trabajar en la oficina de Fukushima de la empresa y murió allí el febrero siguiente. Formaba parte de los numerosos coreanos movilizados durante el dominio colonial japonés en la península coreana de 1910 a 1945. La familia presentó una demanda de compensación contra Kumagai Gumi en abril de 2019. El tribunal de distrito desestimó inicialmente el caso, dictaminando que había prescrito el plazo de caducidad. Sin embargo, el tribunal de apelación revocó esta decisión, estableciendo 2018 como año base para el plazo de prescripción, cuando la Corte Suprema confirmó el derecho de las víctimas de trabajo forzado a reclamar daños a empresas japonesas. El alto tribunal confirmó la decisión de apelación, haciéndola definitiva. Esta sentencia refuerza la responsabilidad por las injusticias históricas bajo el dominio colonial japonés. Se basa en el precedente de la Corte Suprema de 2018 que reconoció las reclamaciones de las víctimas contra empresas japonesas, en medio de demandas en curso por reparaciones por abusos durante la guerra. El caso destaca las tensiones persistentes sobre el pasado imperial de Japón y la búsqueda de justicia para los supervivientes y sus familias.
