El Tribunal Regional Federal de la 1.ª Región (TRF-1) confirmó una indemnización de R$ 400.000 a Dilma Rousseff por daños morales derivados de persecuciones y torturas durante la dictadura militar de Brasil. La sentencia también concede una pensión mensual permanente, anulando el límite previo de un pago único de R$ 100.000. Subraya graves violaciones de derechos humanos por parte del Estado.
La 6.ª Sala del TRF-1 reconoció a Dilma Rousseff como beneficiaria de amnistía política y fijó una indemnización de R$ 400.000 por daños morales, más una reparación económica mensual, permanente y vitalicia. El monto de la pensión se basará en su remuneración en la Fundação de Economia e Estatística cuando fue apartada por motivos políticos en 1970, considerando la progresión en su carrera que habría tenido.
A los 22 años, Dilma fue arrestada en 1970 por su participación en grupos de resistencia a la dictadura, como VAR-Palmares. Durante su encarcelamiento, sufrió torturas sistemáticas, incluidas descargas eléctricas, pau-de-arara, ahogamientos y aislamiento absoluto, lo que le causó secuelas físicas y psicológicas permanentes. En una declaración de 2001, describió sesiones de palmatória, puñetazos en la cara y otros abusos.
La Unión y la Comisión de Amnistía defendieron un pago único de R$ 100.000, pero el tribunal lo rechazó, aplicando la Ley 10.559/2002 para casos con vínculos laborales. Los jueces destacaron la 'gravedad excepcional' de las violaciones y desestimaron la prescripción, afirmando que las acciones por tortura y persecución política son imprescriptibles.
En su voto, el desembargador Flávio Jardim enfatizó: 'La reparación completa al beneficiario de amnistía política no es solo un acto de justicia individual, sino una contribución esencial a la reconciliación social duradera'.
La solicitud de Dilma se presentó en 2002, se suspendió durante su período como ministra y presidenta, y se reanudó tras su impeachment en 2016. Denegada en abril de 2022 por la ministra Damares Alves, fue aprobada por unanimidad por la Comisión de Amnistía en mayo de 2025. Ya ha recibido R$ 72.000 en indemnizaciones estatales de Río de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais y Rio Grande do Sul.
