La Comisión de Regulación de Agua (CRA), el Ministerio de Vivienda y Superservicios presentaron un nuevo marco tarifario para agua potable y saneamiento básico que afecta a 5.000 prestadores en Colombia. El cambio excluye inversiones proyectadas de las tarifas, cobrando solo las realizadas año a año. Andesco expresó preocupación por la falta de periodo de transición y posibles alzas en tarifas.
La CRA, el Ministerio de Vivienda y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios presentaron el nuevo marco tarifario de agua potable y saneamiento básico para cerca de 5.000 prestadores en zonas urbanas y rurales, que atienden a 30 millones de colombianos, según la CRA. La principal modificación excluye de las tarifas los costos de inversiones proyectadas a 10 años que no siempre se materializaban, protegiendo a los usuarios de traslados ineficientes. «Los usuarios pagaban inversiones que se proyectaban a 10 años pero no siempre se hacían», dijo el superintendente Felipe Durán Carrón. Ahora, los prestadores solo cobrarán inversiones realizadas año a año, sujetas a ajustes, lo que podría reducir las tarifas finales. Gloria Narváez, directora de la CRA, enfatizó que se revisarán las estructuras de costos para garantizar «la tarifa más justa». Ruth Quevedo, viceministra de agua y saneamiento del MinVivienda, indicó que el 80% de la tarifa se relaciona con inversiones, de las cuales el 25% lo financian los usuarios. La remuneración se basará en costos de producción reales, no en expectativas de inversión, agregó Durán Carrón. Para pequeños prestadores y gestores comunitarios habrá un marco separado, anunciado en mayo. El alistamiento inicia el 1 de junio de 2026 hasta el 31 de diciembre, con vigencia el 1 de enero de 2027, según la CRA. Sin embargo, Andesco, gremio representado por su presidente Camilo Sánchez, advirtió riesgos por ausencia de transición clara y cambios sustanciales respecto a la versión socializada en participación ciudadana, remitida luego a la SIC. El gremio señala que la propuesta entra en vigencia el 1 de julio de 2026 —diferente a lo oficial—, sin tiempo suficiente para estudios tarifarios, planes de inversión y ajustes, especialmente para prestadores rurales pequeños. Esto podría generar incrementos tarifarios, dificultades operativas y afectaciones al servicio, en medio de costos presionados por energía e insumos. Andesco insiste en revisar el esquema para evitar impactos.
