El Gobierno argentino retomará el debate en el Congreso con una nueva ley de discapacidad, centrada en las pensiones por invalidez y un reempadronamiento obligatorio. La iniciativa reemplaza un proyecto aprobado por la oposición el año pasado y genera rechazo de organizaciones por eliminar el nomenclador de prestaciones y desregular negociaciones con obras sociales. No contempla el pago de deudas existentes a prestadores.
El oficialismo busca reemplazar la iniciativa de discapacidad aprobada por la oposición en 2025 con un nuevo proyecto que impone un reempadronamiento obligatorio para todos los beneficiarios, incluyendo personas con discapacidades graves. Según la periodista Mariana Mei, el Gobierno alega un 'crecimiento exponencial que llaman fraude' para justificar esta medida, que incluye suspensión automática para quienes no cumplan.
El proyecto elimina el nomenclador de prestaciones y desregula la negociación por obra social, lo que ha llevado al rechazo de organizaciones. 'No hablan de pagar ningún tipo de deuda', subrayó Mei, refiriéndose a los pagos atrasados por servicios prestados a prestadores vinculados a la discapacidad.
Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo oficialista por 'retomar el pulso político del Congreso', en un contexto de tensiones legislativas que también incluyen reformas en salud mental y financiamiento universitario. Aunque no hay sesiones confirmadas esta semana, el movimiento legislativo es intenso, según analistas.
