Tras los apagones del ciclón de la semana pasada, la administración de Tarcísio de Freitas exigió oficialmente la intervención federal en las operaciones de Enel el 15 de diciembre, citando subinversión crónica y fallos en el servicio según las leyes federales. El alcalde Ricardo Nunes respaldó la solicitud con evidencias de las deficiencias de Enel, mientras persisten los apagones en ~95,000 propiedades y amenazan sanciones federales.
A raíz de los esfuerzos de restauración que redujeron los apagones de más de 2 millones a alrededor de 160,000 al 14 de diciembre (como se informó previamente), aproximadamente 95,000 propiedades en São Paulo permanecían sin electricidad al 15 de diciembre, a pesar de los compromisos de Enel.
En un comunicado formal, el gobierno estatal declaró indispensable la intervención federal por el Ministerio de Minas y Energía, exigiendo "máximo rigor" por inversiones insuficientes, inspecciones deficientes y fallos repetidos documentados en informes de Arsesp. Invocó la Ley Federal 8.987/95 (que exige servicio adecuado) y la Ley 12.767/2012 (que habilita intervención de Aneel), oponiéndose a una posible extensión de la concesión por 30 años en medio del servicio a 24 municipios.
El alcalde Ricardo Nunes reforzó la crítica, usando imágenes de Smart Sampa que muestran vehículos de Enel inactivos en el pico de la crisis y señalando que solo el 11% de las 282,271 podas de árboles prometidas se completó. Una orden judicial del 13 de diciembre exigió normalización inmediata con multas de R$200,000 por hora, cumplida parcialmente por Enel.
Enel contraatacó con datos que muestran una reducción del 50% en tiempos de respuesta de emergencia y del 90% en apagones prolongados de noviembre 2023 a octubre 2025, atribuyendo fluctuaciones al clima. El Ministerio de Minas y Energía había advertido previamente de posible cancelación del contrato. Persisten las acusaciones políticas entre líderes estatales/municipales y el gobierno federal, incluida una promesa de diálogo del 12 de diciembre.