Un grupo de senadores estadounidenses ha pedido explicaciones al subfiscal general Todd Blanche respecto a su decisión de disolver un equipo de aplicación de la ley en criptomonedas mientras poseía activos digitales significativos. La medida, detallada en un memorando de abril pasado, ha generado preocupaciones sobre posibles violaciones de las leyes federales de conflictos de intereses. El Campaign Legal Center también ha presentado una queja instando a una investigación interna del DOJ.
En una carta fechada el 28 de enero, seis senadores demócratas, incluida Elizabeth Warren de Massachusetts, exigieron respuestas a Todd Blanche, subfiscal general de EE.UU. y exabogado penal del presidente Trump. Los senadores cuestionaron las motivaciones de Blanche para emitir un memorando en abril que disolvió el Equipo Nacional de Aplicación de Criptomonedas de cuatro años de antigüedad, que había liderado investigaciones sobre crímenes facilitados por cripto y coordinado procesamientos judiciales. El memorando ordenó a los fiscales no perseguir a exchanges de cripto, mezcladores y billeteras offline por los actos de sus usuarios finales o violaciones regulatorias involuntarias. En ese momento, algunos lo vieron como un intento de influir en los fiscales de Nueva York que habían acusado a Roman Storm, el desarrollador de un mezclador de cripto, un caso que irritó a aliados de Trump en la industria de las criptomonedas. Los senadores sugirieron que la decisión podría haber beneficiado a las iniciativas cripto de Trump, pero reportajes recientes han desplazado la atención a las tenencias personales de Blanche. Según ProPublica, Blanche poseía hasta 480.000 dólares en criptomonedas cuando emitió el memorando. A pesar de prometer desinvertir sus tenencias «lo antes posible», no comenzó a vender hasta finales de mayo. «El hecho de que usted tuviera cantidades sustanciales de criptomonedas en el momento en que tomó esta decisión pone en duda sus propias motivaciones», escribieron los senadores en su carta. La semana pasada, el Campaign Legal Center, una organización no partidista, presentó una queja ante la Oficina del Inspector General del DOJ, pidiendo que investigue si el memorando «benefició a la industria de activos digitales» y, por extensión, a las inversiones de Blanche. Tal conflicto podría violar leyes federales, penadas con hasta cinco años de prisión. Un portavoz de Blanche respondió a ProPublica, declarando que «mantiene los más altos niveles de transparencia y estándares éticos. En consecuencia, esto fue señalado adecuadamente, abordado y autorizado con antelación». Los senadores han solicitado ahora detalles sobre esta declaración, los procedimientos de conflicto de intereses seguidos y el retraso en la desinversión de sus activos cripto. Este episodio pone de manifiesto las tensiones continuas entre la administración Trump y la regulación de las criptomonedas, en medio de preocupaciones más amplias sobre conflictos de intereses en la aplicación de la ley federal.
