Sheinbaum revela pensión de 120 mil pesos de José Ángel Gurría

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que eliminará las pensiones millonarias de exfuncionarios, incluyendo la de José Ángel Gurría, quien recibe 120 mil pesos mensuales de Nafin. La iniciativa busca fijar un tope de alrededor de 70 mil pesos, equivalente al 50% del salario presidencial. Esta reforma se presentará en los próximos días y afectará a funcionarios de confianza, sin incluir a las Fuerzas Armadas.

Durante su conferencia mañanera del 20 de febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que José Ángel Gurría, exsecretario de Hacienda y exdirector general de la OCDE, recibe una pensión de 120 mil pesos mensuales como exfuncionario de Nacional Financiera (Nafin). Sheinbaum cuestionó esta cantidad, argumentando: “Imagínense, Gurría, cuánto gana Gurría como director de la OCDE y luego aparte está cobrando una pensión de Nafin”.

Gurría ha sido uno de los críticos de la Cuarta Transformación (4T). La pensión corresponde a su periodo como director de Nafinsa. Sheinbaum incluyó este caso en su plan para eliminar pensiones millonarias, que afectarán a excolaboradores de entidades como Pemex, CFE, la extinta Luz y Fuerza, y Nafin.

La propuesta, elaborada con la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno y la Consejería Jurídica, modificará el artículo 127 de la Constitución para establecer un tope de aproximadamente 70 mil pesos mensuales. Esto representa el 50% del sueldo del titular del Ejecutivo. Según Raquel Buenrostro, titular de Anticorrupción, Nafin paga 643 millones de pesos anuales a 1.449 jubilados de confianza.

El ahorro estimado, hasta 5 mil millones de pesos, se destinará a Programas para el Bienestar. Sheinbaum enfatizó que la reforma no es retroactiva, aunque genera debates sobre derechos adquiridos y posibles litigios. En total, 94 mil 153 personas reciben pensiones de 300 mil a más de un millón de pesos mensuales, según datos presentados.

La medida se enmarca en la austeridad republicana y busca corregir desigualdades, pero ha encendido discusiones sobre su impacto fiscal y político, incluyendo percepciones de que apunta a críticos del gobierno.

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