Cinco pueblos sami han demandado al Estado por el derecho a gestionar los permisos de caza y pesca en la montaña. La representación estatal ha cambiado su táctica para hacer frente a las demandas.
Cinco pueblos sami han demandado al Estado para recuperar el derecho a asignar los permisos de caza y pesca en las zonas montañosas. El proceso sigue la sentencia del Tribunal Supremo de 2021 en el caso Girjas, que otorgó derechos al pueblo sami de Girjas pero dejó incertidumbres para el resto. El abogado del Estado, el Canciller de Justicia, ha cambiado de estrategia para intentar frenar a los pueblos sami. El abogado Peter Danowsky argumenta que este giro demuestra una influencia política sobre el proceso legal. El Canciller de Justicia, Thomas Bull, subraya que la JK es el representante del gobierno, pero que no recibe órdenes directas. El caso aborda cuestiones más amplias sobre el uso de la tierra y los derechos sami bajo la constitución y los convenios internacionales.