Líderes y defensores indígenas se reunieron esta semana en el Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas con el fin de abordar cómo hacer cumplir las sentencias de tribunales internacionales sobre acción climática. Destacaron las brechas entre las decisiones legales y el cumplimiento gubernamental, lo cual afecta particularmente a las comunidades vulnerables. Los oradores instaron a utilizar estos fallos como herramientas para proteger las tierras y derechos indígenas.
En el Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas, que se reunió esta semana, cientos de defensores escucharon llamamientos a aprovechar las recientes opiniones de tribunales internacionales para la rendición de cuentas climática. Luisa Castañeda-Quintana, directora ejecutiva de Land is Life, dijo al foro el lunes: “Este es un momento de oportunidad. Estas opiniones consultivas no son simbólicas, son instrumentos de poder”. Enfatizó la importancia de integrarlas en la defensa a todo nivel para salvaguardar el futuro de los pueblos indígenas. El año pasado, la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva haciendo a los Estados responsables por el daño climático, especialmente a los pequeños Estados insulares. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo similar el verano pasado, ordenando la reducción de combustibles fósiles y la inclusión del conocimiento indígena en las políticas. A pesar de estas decisiones, el cumplimiento sigue siendo esquivo. En Ecuador, donde la constitución reconoce los derechos de la naturaleza desde 2008, Magaly Ruiz Cajas, del Consejo de la Judicatura, afirmó: “En Ecuador, la justicia verde no es una opción, es una obligación”. Sin embargo, Juan Bay, presidente de la Nacionalidad Waorani, acusó al gobierno de incumplir las leyes que protegen a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario cerca de los pozos petroleros. La ley minera de febrero en Ecuador debilitó aún más las salvaguardas ambientales en medio de la constante persecución a los defensores de la tierra. El relator especial de la ONU, Albert Kwokwo Barume, señaló una paradoja regional en América Latina: marcos legales sólidos socavados por una implementación deficiente. La resolución de Vanuatu ante la ONU para operacionalizar el fallo de la CIJ, buscando la eliminación gradual de los combustibles fósiles y reparaciones, enfrentó la oposición de la administración Trump, que la calificó de “farsa”. La votación de la Asamblea General se ha pospuesto hasta mayo. Oradores de Canadá y Nueva Zelanda, incluidos Ryan Fleming de la Primera Nación Attawapiskat y Janell Dymus-Kurei de Te Whakatōhea, denunciaron los impactos climáticos locales y la subutilización de los mecanismos globales.
