En el Investing in Africa Mining Indaba 2026, expertos destacaron la crisis de tierra y minería de Sudáfrica como un problema político y estructural que requiere control comunitario. Las discusiones se centraron en desafíos de gobernanza y propusieron innovaciones para la gestión democrática de la tierra. El evento subrayó la necesidad de consentimiento colectivo en la minería y el desarrollo.
El Investing in Africa Mining Indaba 2026 incluyó una sesión de desayuno coorganizada por CNV Internationaal y la Initiative for Responsible Mining Assurance sobre gobernanza consuetudinaria y rendición de cuentas. Panelistas de autoridades tradicionales, ejecutivos mineros, sindicatos, fundaciones comunitarias y auditores sociales llegaron a un consenso de que la crisis de tierra en Sudáfrica es política, estructural y de poder, abordable mediante el diálogo. nnLa sesión planteó la pregunta: ‘¿Quién habla realmente por la tierra?’ Reveló fallos en el sistema actual, incluida la Mineral, Petroleum and Resources Development Act que prioriza el acceso a minerales sobre la seguridad de tenencia, y la Interim Protection of Informal Land Rights Act que se invoca más que se aplica. Las estructuras tradicionales enfrentan cargas representativas pesadas, mientras que el consentimiento libre, previo e informado a menudo se reduce a una firma. Las empresas mineras enfatizan puntuaciones ESG en medio de luchas comunitarias por el reconocimiento. nnLetitia Jentel, gerente de programa en el Futures Programme del South African Institute of International Affairs, delineó cuatro innovaciones en un artículo de opinión. El ‘Living Land Title’ ofrece tenencia perpetua y segura a entidades comunitarias con una cláusula de Consentimiento Comunitario y Bienes Comunes Intergeneracionales. El ‘Soil & Soul Fund’ se financiaría con gravámenes sobre exportaciones e ingresos mineros, bonos de la diáspora y asignaciones de pensiones para apoyar la adquisición y restauración de tierras. nnLa ‘Customary Constitution’ permite a las comunidades definir liderazgo, asignación de tierras, resolución de disputas y procesos de consentimiento arraigados en principios indígenas. El ‘Generational Tribunal’ investigaría injusticias territoriales, recopilaría historias orales y emitiría Certificados de Reclamación Moral para facilitar negociaciones y preservar la memoria nacional. nnEstas propuestas buscan alterar reglas de propiedad, financiación, dinámicas de poder y narrativas, fomentando el control democrático. Como señaló Jentel, la crisis de tierra refleja fallos más amplios en gobernanza e imaginación, con comunidades e historia demandando atención.