La Corte Suprema acordó el martes escuchar en julio una impugnación a la Ley SHANTI de 2025, al tiempo que observó que limitar la responsabilidad de los operadores privados en incidentes nucleares es una cuestión de política fiscal que escapa al juicio de los tribunales.
Un tribunal presidido por el Presidente del Tribunal Supremo de la India, Surya Kant, junto con los jueces Joymalya Bagchi y Vipul M. Pancholi, realizó estas observaciones durante una demanda de interés público presentada por el exfuncionario EAS Sarma. La petición cuestiona las disposiciones que limitan la responsabilidad de los operadores privados a un mínimo de 100 millones de rupias y la responsabilidad residual del gobierno a unos 3.000 millones de rupias.
El abogado Prashant Bhushan, en representación de los demandantes, argumentó que los límites podrían comprometer las normas de seguridad y citó los desastres de Chernóbil y Fukushima, donde los daños ascendieron a cientos de miles de millones de dólares. El tribunal respondió que la Ley no elimina la facultad de los tribunales constitucionales para determinar la indemnización a las víctimas.
El tribunal señaló que la energía nuclear sigue siendo una necesidad para el desarrollo y que unos límites de responsabilidad más elevados podrían disuadir la inversión extranjera. El tribunal volverá a tratar el asunto en julio para abordar las preocupaciones sobre la independencia normativa y la seguridad pública.
