Se espera que la Corte Suprema de EE.UU. escuche argumentos en Trump v. Slaughter, un caso que pone a prueba la autoridad del presidente para remover miembros de agencias independientes. La disputa se centra en si el presidente Donald Trump podía destituir legalmente a la miembro de la Comisión Federal de Comercio Rebecca Slaughter, una decisión que podría tener amplias implicaciones para el equilibrio de poder entre la rama ejecutiva y el Congreso.
El caso conocido como Trump v. Slaughter se describe en el material fuente disponible como una disputa pendiente ante la Corte Suprema sobre el poder presidencial de remoción en agencias independientes, que involucra a la comisionada de la Comisión Federal de Comercio (FTC) Rebecca Slaughter. Dado que el acceso directo al artículo de Slate citado está bloqueado, algunos detalles procesales como fechas exactas de presentación, fallos de tribunales inferiores y la cronología interna de la Corte no pueden confirmarse de manera independiente a partir de esa fuente.
Lo que está claro y es históricamente verificable es que la FTC fue creada por el Congreso en 1914 como una agencia independiente. Está dirigida por cinco comisionados, de los cuales no más de tres pueden pertenecer al mismo partido político, y cumplen mandatos escalonados de siete años. Por ley, los comisionados solo pueden ser removidos por el presidente por «ineficiencia, negligencia del deber o mala conducta en el cargo», una protección que la Corte Suprema ratificó en su decisión de 1935 en Humphrey’s Executor v. United States.
La disputa actual se enmarca en ese contexto. Los comentaristas han informado que Trump v. Slaughter pregunta si un presidente puede remover a un comisionado de la FTC fuera de los motivos estatutarios «por causa» basándose en una interpretación amplia del Artículo II. Según esos relatos, el caso se ve como un vehículo que podría invitar a la Corte a revisar o limitar Humphrey’s Executor y expandir el control presidencial sobre las agencias independientes.
Subyacente a la controversia está la teoría del ejecutivo unitario, que sostiene que la Constitución confiere todo el poder ejecutivo en el presidente y, por lo tanto, le otorga una autoridad amplia para dirigir y, si es necesario, remover a funcionarios ejecutivos. Los partidarios señalan debates tempranos conocidos como la «Decisión de 1789», en los que miembros del Primer Congreso discutieron si el presidente solo podía remover al secretario de asuntos exteriores. Los críticos, incluidos muchos académicos contemporáneos, argumentan que la Constitución permite al Congreso estructurar agencias y otorgar protecciones de tenure a ciertos funcionarios que limitan la remoción a voluntad.
La práctica histórica refleja ambas corrientes. Mientras que los presidentes han removido a muchos oficiales ejecutivos a voluntad durante mucho tiempo, el Congreso también ha creado una serie de organismos independientes o cuasi independientes cuyos miembros gozan de protecciones de tenure. Ejemplos tempranos incluyen comisiones y juntas de múltiples miembros en las que el poder de remoción del presidente estaba restringido por ley. Durante el siglo XIX, figuras influyentes como el juez Joseph Story y el senador Daniel Webster discutieron la capacidad del Congreso para moldear el Estado administrativo, y en los siglos XX y XXI el Congreso estableció repetidamente agencias independientes con disposiciones de remoción por causa. Esos arreglos formaron parte de la comprensión que la Corte Suprema respaldó en Humphrey’s Executor y casos posteriores.
Los analistas legales señalan que el resultado en Trump v. Slaughter podría afectar a una amplia gama de entidades federales cuyos líderes actualmente gozan de protecciones por causa. Un fallo que expanda significativamente la autoridad de remoción a voluntad podría permitir a un presidente reemplazar a los jefes de agencias con mayor libertad y alterar el grado de independencia que esos organismos ejercen actualmente. Algunas discusiones en el debate más amplio se han centrado en si ciertas instituciones, como la Reserva Federal, podrían ser tratadas de manera diferente o excluidas debido a su rol distintivo en la política económica, aunque cómo la Corte manejaría tales distinciones sigue siendo incierto.
Dado que el registro procesal completo y el calendario interno de la Corte Suprema para Trump v. Slaughter no son públicamente verificables a partir de la fuente proporcionada, el estado preciso del caso —como la fecha exacta del argumento oral o cualquier orden intermedia— no puede declararse de manera definitiva aquí. Lo que se puede decir con confianza es que el caso forma parte de una lucha más amplia y de larga data sobre el alcance del control presidencial del Estado administrativo y la fuerza continua de Humphrey’s Executor.