El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Guilherme Boulos, anunció este martes (24) un conjunto de acciones para transformar las relaciones entre las plataformas digitales de transporte y reparto y sus trabajadores. Las medidas incluyen requisitos de transparencia en los pagos y la creación de puntos de apoyo. El anuncio responde a las demandas de mejores condiciones laborales.
Guilherme Boulos, ministro de la Secretaría General de la Presidencia, presentó este martes (24) un paquete de medidas para conductores y repartidores de aplicaciones. La acción principal, emitida por la Secretaría Nacional del Consumidor (Senacon) del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), exige a las plataformas incluir en las facturas los montos pagados a los trabajadores por servicio y la parte retenida por las empresas. Esta norma será publicada en el Diario Oficial de la Unión (DOU) el miércoles (25). Boulos justificó la medida para mostrar a dónde va el dinero: “Todos los clientes podrán saber a dónde va el dinero, que hoy no es al bolsillo del repartidor, sino a la gran plataforma”.
El gobierno también se asoció con la Fundación Banco do Brasil para instalar 100 puntos de apoyo físicos en diversas regiones del país. Estos espacios contarán con baños, agua, vestuarios, áreas para comer, zonas de descanso y conectividad, con el objetivo de reducir el aislamiento y el desgaste físico reportado por los trabajadores.
Otra iniciativa es la creación de un Comité Interministerial de Seguimiento e Implementación de Acciones para Trabajadores de Aplicaciones, que contará con representantes de la Secretaría General y de los Ministerios de Trabajo y Empleo, Seguridad Social, Salud y Justicia. El comité desarrollará y dará seguimiento a las políticas para este grupo.
Además, se añadirá el ítem “trabajador de plataforma digital” a los formularios del Sistema de Información de Enfermedades de Notificación (Sinan) para mejorar la recopilación de datos sobre accidentes laborales. Estas acciones se producen en medio de negociaciones en el Congreso para una regulación más amplia, que incluye un piso mínimo estimado en 10 reales por servicio más complementos por distancia.
