La Sala 45 del Tribunal Regional de Primera Instancia de la ciudad de Tacloban ha denegado las apelaciones de las activistas Frenchie Mae Cumpio y Marielle Domequil contra su condena por financiación del terrorismo y su petición de libertad bajo fianza. Grupos como el NUJP y KAPATID condenaron el fallo como un precedente peligroso. Su asesoría legal planea emprender medidas para revocarlo.
El 25 de marzo, la jueza Georgina Uy Pérez, de la Sala 45 del Tribunal Regional de Primera Instancia de la ciudad de Tacloban, emitió una orden conjunta que deniega las mociones de reconsideración presentadas por Frenchie Mae Cumpio y Marielle Domequil sobre su condena del 22 de enero por financiación del terrorismo, la cual conlleva penas de 12 a 18 años de prisión. Su solicitud de libertad bajo fianza posterior a la condena, presentada el 27 de enero y denegada el 13 de febrero, también fue rechazada.
La defensa argumentó que no existía una designación válida del CPP-NPA en el momento del presunto delito, que la fiscalía no logró demostrar que se hubieran proporcionado fondos a sabiendas y que las pruebas presentadas por exrebeldes fueron mal valoradas al carecer de corroboración. Ephraim Cortez, de la Unión Nacional de Abogados del Pueblo (National Union of Peoples’ Lawyers), señaló que los actos fueron anteriores a las designaciones extranjeras, contraviniendo el fallo de la Corte Suprema en el caso Calleja contra el Secretario Ejecutivo.
La jueza Uy citó la Proclamación n.º 374 de diciembre de 2017, que declaraba al CPP-NPA como grupo terrorista. Consideró que los testimonios de los exrebeldes eran creíbles y mutuamente corroborativos.
La Unión Nacional de Periodistas de Filipinas (NUJP) expresó su extrema decepción, advirtiendo sobre un "precedente peligroso" derivado de la "fe ciega" de la jueza en los desertores. La red Altermidya criticó la dependencia de "testimonios increíbles y absurdos". KAPATID afirmó: "No son terroristas. Son jóvenes que sirven y periodistas penalizadas con cargos fabricados".
Julianna Agpalo, su abogada, declaró: "Tenemos la intención de recurrir a todos los remedios legales apropiados para buscar su revocación". El traslado a la Institución Correccional para Mujeres en la ciudad de Mandaluyong sigue vigente.
