Ocho residentes de la provincia de Las Tunas, Cuba, podrían recibir hasta nueve años de cárcel por el delito de 'propaganda contra el orden constitucional', según un informe de la ONG Cubalex. Las autoridades los vinculan al grupo Cuba Primero y citan como evidencia interacciones en redes sociales y posesión de materiales sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los acusados han estado en detención preventiva desde marzo y abril de 2024.
En un caso que ilustra el uso del sistema penal como herramienta de represión política en Cuba, ocho personas de la provincia de Las Tunas enfrentan cargos graves por expresar opiniones políticas en redes sociales. El informe de Cubalex, basado en las conclusiones provisionales de la Fiscalía presentadas el 21 de julio de 2025 ante la Sala de Crímenes de Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de Santiago de Cuba, detalla las acusaciones firmadas por la fiscal Iany Fernández Jomarrón.
Los acusados, vinculados por las autoridades al movimiento Cuba Primero —considerado 'terrorista' y 'criminal' por el régimen y con base en Estados Unidos—, incluyen a Javier Reyes Peña, para quien se solicitan nueve años de prisión; Adisbel Mendoza Barroso y Guillermo Carralero López, con ocho años cada uno; Carlos Manuel Santiesteban Saavedra, Carlos Alberto McDonald Ennis, Enrique González Infante y Pedro Carlos Camacho Ochoa, con siete años; y Maikel Hill Ramírez, con seis años.
La Fiscalía acusa a los imputados de 'interacción en redes sociales, especialmente Facebook, grabación y publicación de videos con posiciones políticas, difusión de contenido crítico, intercambio con usuarios dentro y fuera del país, y posesión de materiales impresos y panfletos, incluyendo relacionados con la Declaración Universal de los Derechos Humanos'. Estas acciones se describen como destinadas a 'estimular opiniones adversas' y generar disidencia sobre el sistema político cubano, sin mención a actos violentos o llamados a la violencia.
El documento también incluye evaluaciones de la 'conducta moral y social' de los acusados, señalando comportamientos 'en contra del proceso revolucionario', lo que Cubalex califica como elementos ideológicos, estigmatizantes y discriminatorios. En el caso de Carlos Alberto McDonald Ennis, quien padece hipertensión, diabetes, pancreatitis, enfermedad cardíaca y un tumor maligno en la cavidad nasal, su condición de salud ha empeorado en prisión sin atención médica adecuada. Su familia ha agotado recursos legales como habeas corpus y peticiones para modificar la medida cautelar, sin respuesta efectiva, y se reportan violaciones procesales como cargos indefinidos y exceso de plazos sin justificación.
Cubalex denuncia que este proceso ejemplifica la criminalización de la expresión pacífica de derechos y exige la liberación de los implicados. El caso se enmarca en un contexto de 165 incidentes represivos en noviembre, relacionados con protestas por apagones, escasez de agua y epidemias.
