La Fiscalía General del Estado de Veracruz retiró el cargo de terrorismo contra el periodista Rafael León Segovia, detenido el 24 de diciembre en Coatzacoalcos, pero lo vinculó a proceso por encubrimiento y ataques a instituciones de seguridad pública. La decisión se tomó tras críticas de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien cuestionó el uso de esa imputación sin precedentes contra periodistas. Como medida cautelar, se le impuso un año de prisión domiciliaria.
Rafael León Segovia, conocido en redes como Lafita León, fue arrestado el 24 de diciembre de 2024 en Coatzacoalcos, Veracruz, por agentes de la Policía Ministerial en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional. La detención se basó en una orden judicial derivada de una carpeta de investigación, imputándolo inicialmente por terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, según el artículo 311 del Código Penal estatal.
El 30 de diciembre, durante una audiencia ante el juez José Guadalupe Nucamendi Albores, se retiró el cargo de terrorismo por no cumplir los requisitos legales, pero se confirmó el proceso por los otros dos delitos. La fiscalía alega que la posesión y circulación de material audiovisual por parte de León benefició a grupos criminales y entorpeció labores de seguridad. La fiscal general, Lisbeth Jiménez Aguirre, enfatizó que el caso se maneja con respeto a la libertad de expresión y debido proceso.
La presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia del 29 de diciembre, expresó preocupación: “Nunca ha habido una acusación por terrorismo en México contra periodistas”. Pidió diferenciar delitos reales del ejercicio periodístico y que la fiscalía explique las imputaciones.
Organizaciones como Artículo 19 condenaron la detención como criminalización del periodismo: “Casos como este generan un efecto inhibidor para el periodismo, especialmente en contextos de suma violencia”. León Segovia denunció represalias políticas: “No hay una sola prueba que me vincule con actos delictivos. Se trata de una persecución por lo que publico en Coatzacoalcos”.
Esta medida cautelar de un año de prisión domiciliaria busca equilibrar el juicio con los derechos del imputado, en un contexto de tensiones sobre libertad de prensa en México.
