La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, solicitó un incidente de desacato contra el diputado Jonhy Acosta por no cumplir con una orden de la Corte Constitucional de rectificar publicaciones falsas en redes sociales. La solicitud se presentó ante un juzgado en Cali el 23 de diciembre de 2025, argumentando que Acosta continúa difundiendo información inexacta pese al fallo judicial.
En Cali, el 23 de diciembre de 2025, la gobernadora Dilian Francisca Toro, a través de su abogada Gloria Stella Ortiz Delgado, presentó una solicitud formal ante el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para iniciar un incidente de desacato contra el diputado Jonhy Acosta. Esto se debe a que Acosta no rectificó, en el plazo de 48 horas ordenado por la sentencia T-520 de 2025 de la Corte Constitucional, publicaciones en redes sociales que contenían información falsa sobre la mandataria departamental.
La orden judicial buscaba proteger los derechos fundamentales de Toro frente a contenidos difundidos en el debate político. Sin embargo, la defensa alega que Acosta ha persistido en divulgar mensajes que incumplen el fallo. “La sentencia dejó en claro que la oposición política está protegida constitucionalmente, pero no se protege cuando se otorga información falaz, mentirosa o contraria a la realidad”, señaló Ortiz Delgado en el memorial, adjuntando un video como prueba de las publicaciones recientes del diputado.
Acosta, por su parte, ha afirmado en redes sociales que la Corte no concluyó que hubiera ejercido violencia de género contra la gobernadora y que el fallo solo exigía aclarar dos publicaciones específicas, no más de 130 como se había solicitado. Esta interpretación ha generado controversia, ya que la defensa de Toro sostiene que minimiza el alcance de la sentencia y refuerza la revictimización.
La sentencia T-520 de 2025 se considera histórica por diferenciar el control político legítimo de la difusión de información falsa que vulnera derechos. Además, sirve como precedente para la aplicación de la Ley 2453 de 2025, que busca prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres en la política. El juzgado ahora evaluará si procede el incidente de desacato para asegurar el cumplimiento efectivo del fallo.
