Grupos de derechos humanos condenan la condena a la periodista comunitaria Frenchie Mae Cumpio el 22 de enero como un “error judicial” derivado de una trama del NTF-ELCAC para suprimir el periodismo independiente. Fue sentenciada a al menos 12 años de prisión junto a la trabajadora laica Marielle Domequil por supuestamente financiar al New People's Army en 2019, aunque ambas fueron absueltas de cargos por armas.
El 22 de enero, la jueza Georgina Perez del Juzgado Regional de Primera Instancia Rama 45 en Tacloban City sentenció a la periodista de 26 años Frenchie Mae Cumpio y a la trabajadora laica de 28 años Marielle Domequil a al menos 12 años de prisión por violar la Ley de Prevención y Supresión del Financiamiento del Terrorismo en 2019 en Catbalogan, Samar. Fueron acusadas de entregar dinero en efectivo y proporcionar apoyo logístico al New People's Army, pero fueron absueltas de cargos por posesión ilegal de armas de fuego. Ambas han soportado más de seis años de detención desde su arresto en un allanamiento en febrero de 2020, que los grupos de derechos describen como castigo por las reportajes de Cumpio sobre abusos militares en Eastern Visayas. El caso se ha visto como una prueba del compromiso de la administración Marcos para romper con el uso por parte del gobierno anterior de cargos de terrorismo contra periodistas. “Esta condena es una afirmación descarada de cómo el sistema de justicia está siendo instrumentalizado a través de las mentiras y persecución del NTF-ELCAC”, dijo Cristina Palabay, secretaria general de la alianza de derechos humanos KARAPATAN. Ella señaló que la absolución en cargos de armas confirma que las acusaciones fueron fabricadas desde el principio. Kyle Domequil, hermana de Marielle y convocante de la Red Free Tacloban 5, afirmó que el veredicto “prolonga el sufrimiento” de las mujeres y sus familias. El Sindicato Nacional de Periodistas de Filipinas (NUJP) lo calificó de injusticia que amenaza la capacidad de los medios para informar sin miedo. Internacionalmente, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) condenaron la decisión. “Estamos horrorizados por este veredicto”, dijo Aleksandra Bielakowska de RSF. Beh Lih Yi de CPJ comentó que las promesas del presidente Ferdinand Marcos Jr. sobre libertad de prensa son vacías. El caso atrajo la atención de la Clooney Foundation for Justice y una visita a la prisión en 2024 por la Relatora Especial de la ONU Irene Khan. A febrero de 2025, el número de presos políticos bajo la administración Marcos Jr. asciende a 761, según la Red Free Tacloban 5.
