La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado un nuevo modelo de financiación autonómica que inyecta 21.000 millones de euros adicionales anuales a las comunidades, tras un pacto con ERC. El sistema garantiza la ordinalidad para Cataluña y reduce las brechas de financiación entre regiones. El PP rechaza la propuesta, mientras surgen críticas internas en el PSOE.
El viernes 9 de enero de 2026, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, pendiente desde 2014. El modelo supone una inyección de 20.975 millones de euros anuales en 2027, alcanzando un total de 224.507 millones repartidos entre las comunidades. El grueso de estos fondos adicionales, unos 16.000 millones, proviene de un aumento en la cesión de impuestos: el IRPF sube al 55% y el IVA al 56,5%, incorporando además el 100% de tributos como el de patrimonio, depósitos bancarios, actividades del juego y residuos.
La propuesta surge de un acuerdo bilateral entre el presidente Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras, sellado el jueves anterior en La Moncloa. Junqueras destacó que 'todo el mundo gana y nadie pierde', con Cataluña recibiendo 4.686 millones extra, garantizando el principio de ordinalidad: como tercera comunidad en aportaciones, será la tercera en recepción de fondos. Montero aclaró que esta ordinalidad se aplica solo a Cataluña, no a Madrid, la mayor contribuyente, que recibirá 2.555 millones más.
Andalucía lidera las ganancias absolutas con 4.846 millones adicionales, seguida de Cataluña y la Comunidad Valenciana (3.669 millones). El modelo reduce la brecha de financiación por habitante ajustado de 1.500 euros actuales a 700 euros, mediante nivelación horizontal (entre comunidades) y vertical (Estado-autonomías). Incluye un fondo climático de 1.000 millones, con dos tercios para comunidades mediterráneas, y una cláusula de statu quo para que ninguna región pierda recursos, compensando a Cantabria y Extremadura.
La reacción ha sido mixta. Dentro del PSOE, hay malestar por el 'trato preferencial' a Cataluña, con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, calificándolo de 'atropello' y pidiendo elecciones anticipadas: 'Antes de que decidan los independentistas cómo se reparte la riqueza de España, prefiero que hablen los españoles'. En Andalucía y Aragón, líderes socialistas como Montero y Pilar Alegría defienden los beneficios, pero admiten dificultades para contrarrestar la imagen de cesiones al independentismo.
El PP, en bloque, rechaza el modelo. El vicesecretario Elías Bendodo afirmó: 'No puedes negociar con uno lo que es de todos'. Presidentes como Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía y Jorge Azcón en Aragón critican la ordinalidad y amenazan con recurrirlo al Tribunal Constitucional. En Valencia, Juanfran Pérez Llorca estudiará 'en profundidad' la propuesta, pese a los 3.669 millones extra, exigiendo un fondo de nivelación inmediato y mencionando deudas históricas.
Montero urgió al PP a apoyar el sistema, recordando que el 70% de los fondos extra benefician a sus comunidades: 'De nada serviría poner 21.000 millones si van a la iniciativa privada por el interés privatizador de Feijóo'. El siguiente paso es el Consejo de Política Fiscal y Financiera el miércoles, seguido de bilaterales y tramitación en el Congreso como ley orgánica.
