Intel ha perdido su último desafío contra una multa antimonopolio de la Comisión Europea, aunque la sanción se ha reducido a una tercera parte. El caso, originado en 2009, implica prácticas anticompetitivas dirigidas a rivales en el mercado de procesadores para PC. Esta sentencia se refiere a pagos realizados para retrasar productos con procesadores AMD.
La Comisión Europea impuso a Intel una multa de 376 millones de euros (438,7 millones de dólares) en una disputa antimonopolio de larga duración, pero un tribunal la ha reducido ahora a 237 millones de euros (276,6 millones de dólares). Esta decisión mantiene parte de la sanción original relacionada con las "restricciones desnudas", en las que Intel realizó pagos anticompetitivos a HP, Acer y Lenovo entre 2002 y 2006 para retrasar o detener la producción de productos que usan procesadores AMD.
El caso comenzó en 2009, en los primeros días de la informática móvil cuando los netbooks eran populares. Los reguladores determinaron que Intel violó las leyes antimonopolio de la UE mediante descuentos ocultos diseñados para excluir a competidores del mercado de procesadores para PC y pagando a fabricantes para evitar chips AMD. La multa inicial completa era mucho mayor, de 1.060 millones de euros (1.200 millones de dólares), pero partes han sido anuladas a lo largo de los años.
Las batallas legales se han prolongado durante más de una década. En 2017, el tribunal supremo de Europa ordenó un reexamen por análisis económico insuficiente del impacto de Intel en sus rivales. Para 2022, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó la anulación de la sección de descuentos ocultos, eliminando esa multa de 1.060 millones de euros. La multa restante por restricciones desnudas se mantuvo en 2023, lo que llevó a la reciente apelación de Intel, que solo tuvo éxito en reducir la cantidad a una tercera parte.
Tanto Intel como la Comisión conservan la opción de apelar ante el Tribunal de Justicia de la UE por motivos legales, lo que podría extender esta saga hasta el próximo año. La sentencia subraya el escrutinio continuo de las prácticas de mercado de las grandes tecnológicas en Europa.
