El Tribunal de Instancia Sección Social 1 d'Eivissa ha estimado la demanda de un técnico canino contra su padre, ex explotador de Can Dog, por impagos continuados de salario.
La jueza ha condenado a P.A. al pago de 30.456 euros en concepto de indemnización equivalente a la que correspondería por despido improcedente, más los salarios adeudados con un 10% de interés por mora. El demandante, A.A., trabajó 15 años en el centro hasta su cierre definitivo en diciembre de 2025.
La sentencia considera que los retrasos en el abono de nóminas, que suman 8.395 euros correspondientes a los cinco meses previos al cierre, constituyen un incumplimiento grave y persistente del Estatuto de los Trabajadores. El empresario no compareció en la vista judicial.
Can Dog, ubicado en Sant Llorenç de Eivissa, había acumulado denuncias por maltrato animal durante tres décadas antes de ser clausurado por el Consell Insular tras inspecciones que detectaron condiciones insalubres.
