Un grupo de diputados de Morena presentó una iniciativa para modificar la reforma judicial y posponer la elección del segundo paquete de juzgadores al primer domingo de junio de 2028, en lugar de 2027. La propuesta busca evitar la simultaneidad con elecciones partidistas para preservar la imparcialidad judicial. Incluye cambios en la evaluación de candidatos y la creación de un Comité Único de Evaluación.
Diputados federales de Morena, liderados por Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador del grupo parlamentario, presentaron una iniciativa de reformas constitucionales que afecta 10 artículos de la Carta Magna: el 76, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 116 y 122. La propuesta, firmada también por la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, Javier Corral y Susana Harp, entre otros, plantea que la elección judicial se realice en 2028 para separar este proceso de las contiendas políticas de 2027.
Ramírez Cuéllar argumentó en la exposición de motivos que la simultaneidad con elecciones partidistas podría desdibujar la frontera entre lo técnico y lo político, afectando la legitimidad del Poder Judicial. Propone un Comité Único de Evaluación integrado por tres representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, designados por el presidente o presidenta, la Suprema Corte y las comisiones de Justicia de las cámaras legislativas.
Entre las novedades, el Instituto Nacional Electoral (INE) emitiría la convocatoria y elaboraría la lista de candidaturas, en lugar del Senado. Los aspirantes enfrentarían exámenes de conocimientos preparados por la Escuela Nacional de Formación Judicial y aplicados por universidades públicas, además de requerir una certificación de competencias de esa institución.
La iniciativa busca criterios objetivos de evaluación, eliminando requisitos subjetivos como promedios académicos específicos, para fortalecer la calidad técnica y despolitizar el proceso.
