Un nuevo enfrentamiento surgió entre el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, respecto a la aplicación de la Ley Aula Segura en escuelas de la comuna. Quesille calificó de 'mito' la supuesta oposición de su institución a la norma, mientras Desbordes lo acusó de alinearse con quienes justifican la violencia. Este choque revive tensiones previas de noviembre.
El desacuerdo entre Mario Desbordes, alcalde de Santiago por Renovación Nacional, y Anuar Quesille, defensor de la Niñez, se intensificó este viernes en torno a la Ley Aula Segura, que busca proteger el ambiente escolar de la violencia.
Ya en noviembre, Desbordes había criticado a Quesille por una Acción de Tutela Administrativa presentada por la Defensoría contra el uso de la ley en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), acusándolo de entorpecer el trabajo municipal y de apoyar a violentos. Quesille rechazó avalar cualquier forma de violencia en los recintos educativos.
En una entrevista con T13 Radio, Quesille argumentó que la oposición de la Defensoría a la ley es "un mito que ha instalado el alcalde Desbordes". Añadió: “Esta ley tiene problemas de cumplimiento de estándares (…), pero jamás en mi rol de defensor de la Niñez le podría impedir a una autoridad ni a nadie aplicar una ley que está vigente”.
La Municipalidad respondió con un comunicado donde Desbordes expresó: “Lamento que el Defensor de la Niñez esté del lado de quienes promueven o justifican la violencia y no del lado de la inmensa mayoría de estudiantes y familias que lo único que quieren es estudiar en paz”. La directora de Educación, Pilar Lazo, agregó que las declaraciones de Quesille "carecen de sustento jurídico y hay una absoluta desconexión con la realidad" de las comunidades educativas, lo que impide un servicio adecuado.
El municipio destacó datos como los 200 estudiantes actuales en el INBA, frente a los 2.000 históricos, y la caída a la mitad de la matrícula en el Liceo de Aplicación entre 2021 y 2024, atribuida a la “violencia extrema”. Estas posturas reflejan tensiones persistentes en la gestión de la seguridad escolar en Santiago.
