La Superintendencia de Educación emitió una circular que obliga a los colegios particulares a seguir el mismo procedimiento de Aula Segura que los subvencionados en casos de faltas graves, con el fin de garantizar el debido proceso y los derechos de los estudiantes. La medida aclara un vacío legal y democratiza las reglas para todos los establecimientos con reconocimiento oficial. La superintendenta Loreto Orellana enfatizó que se trata de resguardar los derechos de todos los niños.
La Superintendencia de Educación difundió recientemente una circular que manda de manera inmediata a los colegios particulares a aplicar el procedimiento de Aula Segura en plazos, reglas y tratos, igual que los establecimientos subvencionados. Esto responde a la falta de motivos razonables para diferenciar por fuente de financiamiento en los derechos de los estudiantes afectados, según el dictamen.
Anteriormente, un dictamen permitía a los particulares seguir sus propios procedimientos, generando desigualdades. Loreto Orellana, superintendenta nombrada en agosto por concurso público, aclaró que la circular solo especifica lo establecido en la ley, aplicable a todos los recintos con reconocimiento oficial. “Le da autonomía a los establecimientos y democratiza el proceso”, aseguró Orellana, destacando el respeto al debido proceso, igualdad y proporcionalidad en medidas disciplinarias.
Existía un vacío legal que se refería principalmente a subvencionados, pese a que la norma cubría a todos. Ahora, los particulares deben informar cancelaciones de matrícula por faltas graves, algo que no hacían antes. Orellana señaló que hay denuncias de incumplimientos en el debido proceso en ambos tipos de escuelas.
La medida permite a los establecimientos decidir mejor sobre sanciones formativas. Para adaptarse, hay un plazo especial desde marzo para unos 500 colegios particulares pagados, aunque la aplicación es inmediata con tiempo de ajuste en reglamentos.
Orellana descartó que sea un “amarre” político: “Todo lo que se hace desde la superintendencia tiene que ver con la educación del país y con resguardar los derechos de todos los estudiantes, independientemente de si reciben subvención o no”. Espera que mejore la convivencia escolar, alineada con la política nacional.
Adicionalmente, una normativa recuerda que los reglamentos internos deben reconocer la identidad de género, incorporando lo de la ley contra la discriminación y una circular de 2021.