El Ministerio de Educación solicitó al Consejo de Estado aclaraciones sobre un fallo que respalda la elección de José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional. Esta petición busca determinar si la sentencia implica acciones inmediatas o solo es declarativa. Mientras tanto, el Consejo Superior Universitario designó a Andrés Felipe Mora como rector encargado tras declarar la vacancia del cargo.
El 25 de noviembre de 2025, el Ministerio de Educación radicó una solicitud formal ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado para obtener precisiones sobre la sentencia que afectó la designación de la rectoría en la Universidad Nacional de Colombia. A través de su apoderado, Edgar Fabián Garzón Buenaventura, el Ministerio argumentó que el fallo no evidencia directrices concretas ni explícitas dirigidas al Consejo Superior Universitario (CSU) o al Gobierno, lo que ha generado interpretaciones diversas y inseguridad jurídica.
La elección de José Ismael Peña como rector para el periodo 2024-2027 ocurrió el 21 de marzo de 2024 por el CSU. El Consejo de Estado, en fallo del jueves anterior, negó la nulidad de esta elección, determinando que el proceso fue acorde a la ley y sin irregularidades. La demanda había sido presentada por Erick Adrián Velasco Burbano, Leopoldo Múnera (rector actual), Alberto Yepes, Rodrigo Uprimny y Cristian Dulcey.
Peña acusó al CSU de 'desconocer abiertamente' su designación, señalando que acogieron la tesis de Múnera pese a una nulidad previa declarada. 'Estas actuaciones se apartan de la legalidad y del espíritu académico', indicó Peña. El CSU, en sesión extraordinaria, declaró la vacancia del cargo tras la anulación de la designación de Múnera por irregularidades en la resolución, aplicando erróneamente el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011. Con cinco votos a favor, designaron a Andrés Felipe Mora, vicerrector general, como rector encargado, y enviarán comunicación a la Procuraduría.
El Ministerio enfatizó la necesidad de aclarar si el cumplimiento se limita a reconocer la nulidad o implica obligaciones adicionales, como el reintegro de Peña, para evitar decisiones contradictorias y transgresiones a la legalidad.
