La Comunidad de Madrid ha aprobado un decreto que establece la jornada partida como norma general en los colegios públicos de Infantil, Primaria y Educación Especial, con el objetivo de mejorar el rendimiento académico y facilitar la conciliación familiar. La medida ha sido bien recibida por las asociaciones de padres, pero genera indignación entre profesores y sindicatos, que la ven como un deterioro de las condiciones laborales y educativas.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó este martes 23 de diciembre de 2025 el decreto que regula los horarios escolares. Según el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel Martín, la iniciativa busca elevar el rendimiento de los alumnos, promover la conciliación y ampliar las opciones para las familias. El nuevo horario se divide en dos sesiones, matutina y vespertina, separadas por un intervalo de dos horas, aunque se permite la jornada continua en septiembre y junio.
Las familias celebran la decisión. Carmen Morillas, presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos Francisco Giner de los Ríos, destaca que favorece el interés superior del menor y resuelve la falta de oferta en algunas zonas: “Hay zonas en la Comunidad de Madrid en las cuales no hay oferta de colegios con jornadas partidas”. Añade que, tras 25 años de demandas, el sistema educativo debe adaptarse al alumnado.
Sin embargo, los sindicatos rechazan la medida. Aida San Millán, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, argumenta que estudios respaldan la jornada intensiva por su adaptación a las necesidades biológicas de los niños y critica el uso de escuelas como guarderías: “A los niños se les deja, una vez más, aparcados el mayor horario posible para que las familias puedan abordar las jornadas laborales maratonianas”. La califica de “atropello” por ignorar al profesorado.
CSIF, liderado por Miguel Ángel González, planea un recurso judicial: “Aquí vamos a dar la batalla hasta donde podamos llegar”. Denuncia la bajada del umbral para cambios de jornada, de mayoría absoluta a un tercio del Consejo Escolar, lo que podría permitir decisiones con baja participación: “No puede ser que cuatro o cinco padres tengan más poder que 150”. ANPE la tacha de “despropósito normativo” y UGT, por Javier Becerra, advierte de un empeoramiento laboral sin recursos adicionales, señalando desinterés por el sistema público.
En centros nuevos, la jornada partida se aplicará automáticamente, mientras que los existentes mantienen la continua hasta decisión contraria. El proceso de cambio ahora inicia antes del 15 de marzo, con consultas y votación mayoritaria.
