El Senado de México recibió el dictamen para reducir la jornada laboral semanal a 40 horas, con una implementación gradual hasta 2030 y sin dos días de descanso obligatorios. La iniciativa, acordada con el sector empresarial por el gobierno de Claudia Sheinbaum, modifica el artículo 123 constitucional y genera protestas de trabajadores que exigen cambios inmediatos. Una manifestación está convocada para el 2 de febrero en el Senado.
El dictamen presentado al Senado busca reformar el artículo 123 de la Constitución para establecer una jornada laboral de 40 horas semanales, aunque su entrada en vigor se pospone hasta 2030. Tras un acuerdo con el sector empresarial, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa esta iniciativa, que beneficiaría a millones de trabajadores en México.
Los cambios incluyen que, por cada seis días de trabajo, los empleados tengan al menos un día de descanso pagado, aunque la redacción deja ambigua la meta original de mayor descanso obligatorio. El trabajo extraordinario no podrá superar 12 horas semanales; si se excede, los empleadores pagarán un 200% adicional sobre el salario de las horas ordinarias. Además, se prohíbe a menores de 18 años realizar jornadas extendidas.
La reducción se aplicará de forma gradual, cada 1 de enero a partir de 2027: en 2026 mantendrá 48 horas; 2027, 46 horas; 2028, 44 horas; 2029, 42 horas; y 2030, 40 horas. El documento asegura que esta disminución no implicará recortes en sueldos, salarios ni prestaciones.
Sin embargo, el Frente Nacional por las 40 Horas convocó a una manifestación el lunes 2 de febrero en el Senado, rechazando la propuesta gubernamental. La organización argumenta que la gradualidad no beneficia a los trabajadores y mantiene el esquema de seis días de labor por uno de descanso, sin resolver el derecho al reposo. “Consideramos que la gradualidad que se pretende aplicar no beneficia a la clase trabajadora y abre la puerta a nuevos abusos por parte de empresarios”, afirmó el Frente en su posicionamiento. Advierten que, si se aprueba así, favorecería al sector patronal.
