Desde 2018, cientos de mujeres en Nicaragua han sufrido persecución, prisión y exilio forzoso bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Historias como las de Mayela Campos, Vlada Krassova Torres y Brisa Bucardo ilustran cómo la violencia política afecta de formas diversas a disidentes, activistas y defensoras de derechos. Expertos destacan los impactos duraderos en su salud mental y la reconstrucción de sus vidas en el extranjero.
La crisis sociopolítica en Nicaragua, iniciada en abril de 2018, ha generado una represión estatal sostenida contra voces críticas, con al menos 1.485 personas reconocidas como prisioneras políticas desde entonces, según organizaciones de derechos humanos. Las mujeres han enfrentado un amplio repertorio de violencias, incluyendo vigilancia, amenazas, asaltos, exilio, desplazamiento forzado, desnaturalización, confiscaciones y desapariciones forzadas, como explica la socióloga Elvira Cuadra, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam).
Mayela Campos, de 31 años y exestudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en Managua, abandonó sus estudios en 2018 por amenazas de grupos ligados a la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN). Recibió intimidaciones graves, como 'Te vamos a violar y te vamos a matar', lo que la llevó al exilio en 2019. Al regresar, fue secuestrada el 21 de agosto de 2023 por la policía, juzgada en un proceso irregular y condenada a ocho años por presunto tráfico de drogas. Pasó 381 días en prisión antes de ser liberada y desterrada a Guatemala el 5 de septiembre de 2024, junto a otras 134 personas. En mayo de 2025, se instaló en España, pero sufre ataques de pánico, insomnio y estrés postraumático. 'Mi cerebro no procesa las cosas como antes', dice.
Vlada Krassova Torres, activista trans, vio intensificarse la persecución durante las protestas de 2018, con acoso de la Juventud Sandinista. Tras un incidente violento contra una colega, fue llevada a una casa segura y exiliada a Costa Rica el 18 de agosto de 2018. En noviembre de 2025, llegó a España con 244 nicaragüenses más a través del Programa Nacional de Reasentamiento. Enfrentó barreras para reconocer su identidad de género, tardando un mes y medio en obtener resolución. 'Somos borradas, ignoradas', afirma sobre la falta de ley de identidad de género en Nicaragua.
Brisa Bucardo, periodista miskitu e defensora de derechos indígenas, enfrentó amenazas desde 2017 por denunciar violencia contra mujeres y corrupción en su territorio. En mayo de 2018, huyó a Honduras y luego a Costa Rica ante la militarización de la región del Río Coco. 'El exilio nunca permite una vida normal', relata, destacando barreras económicas y emocionales como indígena en países no adaptados a sus necesidades.
Cuadra subraya que no hay exilios voluntarios; todos son forzados y parte de una política estatal de violencia contra mujeres. Las afectadas reconstruyen redes en el extranjero, lidiando con depresión y ansiedad, mientras el régimen continúa con ataques incluso fuera del país.
