El 10 de enero de 2026, Daniel Ortega completó 19 años consecutivos en el poder en Nicaragua, superando a Anastasio Somoza García y consolidándose como el dictador de mayor duración en América Latina y el Caribe en el siglo XXI. Comparte la 'copresidencia' con su esposa Rosario Murillo bajo una constitución de 2025 que establece la sucesión dinástica. Su régimen, marcado por represión y alianzas económicas, enfrenta desafíos internos y externos.
Daniel Ortega, líder del Frente Sandinista, asumió el poder en 2007 tras un pacto con el ex presidente Arnoldo Alemán que redujo el umbral electoral al 35% con cinco puntos de ventaja. Ganó con el 38% de los votos, facilitado por la muerte repentina de Herty Lewites tres meses antes de las elecciones. En su segunda presidencia, Ortega desmanteló instituciones democráticas mediante un 'golpe desde arriba', controlando el poder judicial, legislativo, electoral y la policía, con apoyo de elites empresariales desde 2009 y más de 5.000 millones de dólares de Venezuela.
Reelecto ilegalmente en 2011 y 2016, el régimen enfrentó protestas masivas en abril de 2018, con 100 días de insurrección cívica que demandaban el fin de la dictadura. La respuesta incluyó represión policial y paramilitar, resultando en más de 350 muertes, miles de detenciones arbitrarias y decenas de miles de exiliados. Desde septiembre de 2018, se impuso un estado policial que suspendió derechos democráticos.
En noviembre de 2021, Ortega encarceló a siete precandidatos opositores y se reeligió para un tercer mandato consecutivo, rechazado por la OEA. Entre 2021 y 2025, eliminó más de 5.500 organizaciones de la sociedad civil, persiguió a la Iglesia católica y despojó de nacionalidad a más de 450 ciudadanos. La economía se sostiene con remesas equivalentes al 30% del PIB y exportaciones bajo el DR-CAFTA.
La sucesión dinástica favorece a Murillo, quien gobierna con 25 operadores, incluyendo cinco de sus hijos, tras purgas en el sandinismo. La caída de Nicolás Maduro en Venezuela generó pánico, con más de 60 nuevos presos políticos. Aunque Nicaragua no es prioridad para la administración Trump, presiones externas o fracturas internas podrían derrocar al régimen, requiriendo una oposición democrática fuerte para una transición.
