El 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses detuvieron al presidente venezolano Nicolás Maduro, marcando un giro geopolítico en América Latina. La acción, justificada por acusaciones de narcotráfico y violaciones a derechos humanos, ha generado reacciones divididas en la región. Líderes como Gustavo Petro la condenaron, mientras encuestas muestran apoyo pragmático en países como Colombia y Chile.
La detención de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 por parte de Estados Unidos representa un punto de inflexión en la dinámica regional. Según fuentes, la operación militar se basó en acusaciones de narcotráfico y control de la industria petrolera venezolana, que Trump describió como 'robada' por los gobiernos de Chávez y Maduro. En una conferencia desde Mar-a-Lago, Trump enfatizó: 'La industria petrolera venezolana fue concebida, diseñada, financiada y desarrollada por grandes y magníficas compañías estadounidenses'.
Un estudio de Áltica en nueve países latinoamericanos reveló disonancias entre gobiernos y opinión pública. En Colombia, mientras Petro la llamó 'secuestro', el 75% de los ciudadanos respaldó la acción por preocupaciones de seguridad fronteriza. En México, la opinión está dividida, con un 15% indeciso, reflejando complejas relaciones con EE.UU. Ecuador mostró alto rechazo (78% percibe riesgo de intervención futura), priorizando la oposición venezolana para una transición.
La captura reconfigura el tablero: Trump señaló a Cuba como próximo foco, advirtiendo su colapso sin petróleo venezolano. México, principal proveedor de crudo a La Habana (44% de sus importaciones), enfrenta presiones bilaterales. Sheinbaum defendió envíos como 'decisiones soberanas humanitarias', pero redujo exportaciones tras visitas de funcionarios estadounidenses.
Expertos ven esto como revival de la Doctrina Monroe con 'corolario Trump', priorizando esferas de influencia. Encuestas en México rechazan intervenciones (80% contra fuerzas en cárteles), subrayando tensiones con soberanía. La acción expone crisis en Venezuela: 8 millones de migrantes desde 2014, inflación de 1,700,000% en 2018 y 18,305 presos políticos.
Implicaciones incluyen revisión T-MEC 2026 y realineamientos, con América Latina equilibrando pragmatismo y rechazo al intervencionismo.