Tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas especiales de EE.UU. el fin de semana pasado —como detallamos en nuestra cobertura previa—, la administración Trump prioriza la reactivación del colapsado sector petrolero venezolano. Los planes incluyen revertir sanciones para permitir que empresas estadounidenses inviertan miles de millones en infraestructura, en medio de políticas de EE.UU. que contribuyeron al declive del 80% de la producción.
El presidente Trump ha justificado la intervención en parte por los problemas petroleros de Venezuela, pese a que las sanciones impuestas bajo su administración y las anteriores exacerbaron la caída del sector. Con las mayores reservas probadas del mundo, Venezuela exportaba el 40% de su petróleo a EE.UU. antes del embargo. La producción alcanzó su pico en 2012 pero se desplomó debido a bajos precios, mala gestión, corrupción y sanciones iniciadas bajo Obama en 2015 e intensificadas por Trump en 2017-2019. Mark Weisbrot del Center for Economic and Policy Research calificó las sanciones como 'violencia económica', al bloquear exportaciones y financiamiento, lo que llevó a escaseces, 40.000 muertes excessivas y colapso industrial. Expertos de la ONU las han tildado de 'guerra económica'. Tras la captura, el Departamento de Energía anunció un levantamiento de sanciones para facilitar ventas globales de crudo. EE.UU. comercializará el petróleo, controlará los ingresos y los distribuirá 'en beneficio del pueblo americano y del pueblo venezolano'. Trump describió el sector como un 'fracaso total' y prometió miles de millones de empresas estadounidenses como Chevron —el único operador restante— para reparar infraestructura, potencialmente en 18 meses, aunque expertos prevén décadas ante precios de 60 dólares por barril e inestabilidad.
