El gobierno de Donald Trump capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores en Caracas el 3 de enero de 2026, poniendo fin a su mandato de 12 años mediante una intervención militar. Maduro enfrenta cargos graves en un tribunal federal de Nueva York por narcotráfico y terrorismo, mientras naciones de América Latina y la Unión Europea rechazan la acción unilateral de Estados Unidos.
En la madrugada del 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y Cilia Flores en Caracas, Venezuela, culminando una operación militar que el presidente Donald Trump describió como el fin de un régimen de 12 años. Maduro fue trasladado a Estados Unidos ese mismo día, llegando al aeropuerto Stewart International en Nueva York por la tarde, donde fue escoltado a las oficinas de la DEA en Manhattan antes de ser ingresado al Metropolitan Detention Center en Brooklyn. Las primeras imágenes lo muestran esposado, vestido de blanco y con una actitud serena.
Maduro y Flores comparecerán este lunes 5 de enero ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, enfrentando cargos por conspiración narcoterrorista, importación de cocaína, posesión de ametralladoras y vínculos con las FARC y el Cartel de los Soles, acusaciones presentadas en 2020. Expertos como Enrique Prieto-Ríos indican posibles penas de cadena perpetua, aunque Fabio Humar menciona reducciones por cooperación, potencialmente superiores a 20 años.
Trump anunció que Estados Unidos administrará Venezuela hasta una transición 'segura y adecuada', permitiendo inversiones de miles de millones de dólares de empresas petroleras estadounidenses para reparar la infraestructura. El secretario de Estado Marco Rubio, en una entrevista con CBS, abrió la puerta a cooperar con líderes actuales si 'toman decisiones correctas', descartando elecciones inmediatas y a figuras como María Corina Machado, y enfatizando prevenir el control de adversarios como China, Rusia e Irán sobre el petróleo venezolano.
Reacciones internacionales fueron rápidas. La Unión Europea, con 26 de 27 países, pidió contención y una solución pacífica liderada por venezolanos, sin reconocer a Maduro como elegido democráticamente; Hungría se abstuvo. España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay rechazaron las acciones militares por violar el derecho internacional y la soberanía, urgiendo diálogo sin injerencias. En Colombia, la Procuraduría General, liderada por Gregorio Eljach, instaló una mesa permanente el 3 de enero para monitorear la frontera y activar mecanismos de derechos humanos, convocando reportes cada dos horas.
El evento causó disrupciones, como suspensiones de vuelos a Aruba y Curazao por Avianca y Latam el 3 y 4 de enero, retomados el 5 tras actualizaciones de seguridad de EE.UU.