El Consejo de Seguridad de la ONU celebró una sesión de emergencia donde aliados de Estados Unidos, como Francia y Dinamarca, cuestionaron la legalidad de la operación militar que capturó a Nicolás Maduro en Venezuela. El secretario general António Guterres afirmó que la acción viola la Carta de las Naciones Unidas. La intervención expuso tensiones internacionales y defensas de la soberanía venezolana.
La captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero de 2026 en Caracas generó una ola de críticas en el Consejo de Seguridad de la ONU durante una reunión de emergencia el 6 de enero. El secretario general António Guterres denunció que la incursión militar nocturna, con cerca de 200 efectivos, viola la Carta de las Naciones Unidas al involucrar el uso de la fuerza sin autorización.
El viceembajador francés Jay Dharmadhikari afirmó que la operación contraviene el principio de resolución pacífica de controversias y el no uso de la fuerza, advirtiendo que tales violaciones socavan el orden internacional. Similarmente, la viceembajadora danesa Sandra Jensen Landi expresó profunda preocupación por este precedente peligroso, enfatizando el respeto al derecho internacional.
En contraste, el Reino Unido y Grecia evitaron condenas directas; el embajador británico James Kariuki llamó a una transición pacífica, mientras el griego Ioannis Stamatekos abogó por el diálogo. Desde Latinoamérica, Panamá y Colombia criticaron el uso unilateral de la fuerza, con la embajadora colombiana Leonor Zalabata Torres calificándolo de agresión grave.
Rusia y China fueron más duros: el embajador ruso Vassili Nebenzia acusó a EE.UU. de bandolerismo e imperialismo, y el chino Sun Lei condenó los actos unilaterales e intimidatorios. El embajador estadounidense Mike Waltz defendió la acción como cumplimiento de la ley contra un fugitivo del narcotráfico, no una intervención militar.
La embajadora chilena Paula Narváez reiteró la condena de Chile, destacando que las violaciones a derechos humanos en Venezuela deben resolverse pacíficamente, sin excepciones al derecho internacional, incluso ante la ilegitimidad de un presidente.
