Dos días después de que fuerzas de EE.UU. capturaran al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa en un asalto en Caracas —llevándolos a Nueva York para enfrentar cargos por tráfico de drogas—, la operación ha desatado una reacción global adversa. La ONU y críticos estadounidenses acusan a la administración Trump de violar el derecho internacional al eludir la aprobación del Congreso, la notificación a la ONU y justificaciones de autodefensa.
Los ataques, parte de la Operación Resolución Absoluta según informes iniciales, resultaron en bajas civiles y el derrocamiento del régimen antiestadounidense de Maduro. No se citó amenaza inminente para invocar la autodefensa bajo la Carta de la ONU, que generalmente prohíbe el uso de la fuerza contra estados soberanos sin aprobación del Consejo de Seguridad. El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó alarma al decir que 'el derecho internacional no ha sido respetado', lo que motivó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad el 6 de enero.
A nivel doméstico, la acción sin notificación al Congreso ha avivado acusaciones de abuso de poder. Similar a la invasión de Panamá en 1989 —también justificada en parte por motivos de drogas—, esto se alinea con la Estrategia de Seguridad Nacional de Trump, que ve a América Latina como esfera de influencia estadounidense. Las vastas reservas de petróleo de Venezuela forman parte de los objetivos de Trump para restaurar los intereses energéticos estadounidenses.
Rusia y China condenaron la medida a pesar de sus propias ambiciones territoriales en Ucrania y Taiwán, destacando el deterioro de las normas en la rivalidad entre grandes potencias. Tal unilateralismo arriesga desestabilizar el orden global, donde el poder militar eclipsa las restricciones legales. Para contrarrestarlo, Japón y Europa deberían unirse en la defensa de la soberanía y el derecho internacional. (Adaptado de un editorial de The Yomiuri Shimbun)
