El Tribunal Supremo ordenó este martes a las fuerzas armadas otorgar la comisión permanente a las mujeres oficiales elegibles y dictaminó el pago de beneficios completos de pensión para aquellas que ya han sido retiradas, considerándolas como si hubieran completado 20 años de servicio calificado. Las pensiones se fijarán en consecuencia, con pagos atrasados exigibles a partir del 1 de enero de 2025.
Un tribunal presidido por el Presidente del Tribunal Supremo, Surya Kant, e integrado por los jueces Ujjal Bhuyan y N K Singh, emitió tres sentencias separadas pero relacionadas, lo que marca el último capítulo de una larga batalla legal por la paridad de género en las fuerzas armadas. El tribunal destacó fallas sistémicas y sesgos estructurales en la evaluación de las mujeres oficiales de Comisión de Servicio Corto (SSCWO) para la comisión permanente en el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Los veredictos históricos del tribunal superior en 2020, en los casos Secretario, Ministerio de Defensa contra Babita Puniya y Unión de la India contra Annie Nagaraja, exigieron considerar a las mujeres para la comisión permanente (PC) en igualdad de condiciones con los hombres. Sin embargo, las juntas de selección posteriores rechazaron a muchas mujeres, lo que provocó nuevos desafíos. El tribunal señaló que los Informes Confidenciales Anuales (ACR) se calificaban de manera informal años atrás, cuando la política prohibía a las mujeres acceder a la PC, lo que resultaba en calificaciones consistentemente más bajas para ellas. El Presidente del Tribunal Supremo, Kant, observó: "la consecuencia acumulativa fue un patrón sistémico en el que las mujeres oficiales... recibían consistentemente calificaciones más bajas, no debido a la falta de mérito, sino debido a la ausencia de cualquier horizonte profesional percibido". A las mujeres del Ejército se les negaron nombramientos de criterios y cursos que mejoran la carrera. La Fuerza Aérea aplicó nuevos criterios de política de 2019. La Marina no reveló los detalles de la evaluación. El tribunal rechazó los límites de vacantes como excusa, sosteniendo que incluir a las SSCWO en la consideración para la PC es una obligación constitucional, no una discreción. Ordenó la comisión permanente para las oficiales elegibles y pensiones completas para las que ya han sido retiradas, con pagos atrasados desde el 1 de enero de 2025.
