Las universidades públicas de México inician 2026 con un incremento presupuestal mínimo del 2% respecto a 2025, insuficiente para cubrir la inflación y el déficit acumulado de 50,400 millones de pesos. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) advierte que esta situación podría agravar el desequilibrio financiero y promover una 'reprivatización' de la educación superior. Instituciones clave como la UNAM y el IPN reciben asignaciones específicas, pero el crecimiento de la matrícula no se refleja en los recursos.
Las universidades públicas de México enfrentan un panorama financiero desafiante en 2026, con un presupuesto para educación superior de 218,160.2 millones de pesos, que representa un incremento del 2% sobre el año anterior. Este ajuste no considera el deflactor del PIB (4.8%) ni la inflación del 3.5%, según el Índice de Precios al Consumidor, lo que amplía el déficit estimado en 50,400 millones de pesos.
La ANUIES, liderada por Luis González Placencia, destaca que para las universidades públicas estatales el aumento es solo del 1.8%. "Esta situación puede conducir a un fenómeno que comparó con la 'reprivatización', en el sentido de que, al dejar de apoyar a la educación pública, las instituciones de educación privada ganen espacios", alertó González Placencia.
El presupuesto se distribuye en diversos ramos administrativos, como el Ramo 11 de la SEP, que incluye a la UNAM (53,748.5 millones de pesos) y el IPN (22,977.7 millones de pesos, con un incremento del 2.9%). Se corrigieron discrepancias previas, como los 329 millones para el IPN y 4,371 millones para la Universidad de Guadalajara.
Entre 2018 y 2025, la matrícula en educación superior pública creció un 16.3%, pero el subsidio disminuyó en un 2%. Esto obliga a las instituciones a transferir costos a familias, agravado por pensiones y jubilaciones que representan hasta el 50% de la nómina. En diciembre de 2025, rectores se reunieron con la SHCP para dialogar, pero las mesas de trabajo pendientes no se han instalado.
La Ley General de Educación Superior exige incrementos reales y crecientes, considerando recursos humanos e infraestructura, pero estos criterios no se aplicaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
