El presidente Trump emitió el miércoles una orden ejecutiva que reclasifica a aproximadamente 8000 funcionarios federales de alto nivel como empleados sin estabilidad laboral, quienes pueden ser despedidos sin causa justificada. La medida se dirige a puestos de nivel GS-15 con influencia en políticas y da continuidad a los esfuerzos iniciados en su primer mandato. La decisión ya ha provocado demandas por parte de grupos de defensa.
La orden crea una nueva categoría de "Programa de Política/Carrera" (Schedule Policy/Career) para estos roles, que incluyen líderes de oficinas de políticas, jefes regionales, gerentes de programas y altos funcionarios de asuntos públicos. La Casa Blanca afirma que el cambio promueve la rendición de cuentas ante la agenda del presidente electo sin alterar los procesos de contratación ni eliminar las protecciones a los denunciantes. Los críticos argumentan que este cambio socava el sistema de servicio civil no partidista establecido tras el asesinato del presidente Garfield en 1881. Skye Perryman, de Democracy Forward, señaló que los empleados no deberían ser blanco de represalias por parte del gobierno al que sirven, advirtiendo que esto perjudica los servicios públicos en todo el país. El director de la Oficina de Gestión de Personal, Scott Kupor, defendió la política como una forma de restaurar el control democrático, comparándola con la rendición de cuentas del sector privado ante un CEO. Los desafíos legales están en curso y los expertos predicen que el asunto podría llegar a la Corte Suprema.
