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La EPA finaliza la derogación del hallazgo de peligro por gases de efecto invernadero de 2009 para vehículos de motor, preparando una gran batalla legal
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La Agencia de Protección Ambiental ha finalizado una norma que revoca su determinación de 2009 de que los gases de efecto invernadero de los vehículos a motor nuevos ponen en peligro la salud y el bienestar públicos, un paso que la agencia dice que elimina su autoridad bajo la Ley de Aire Limpio para establecer estándares de gases de efecto invernadero para autos y camiones. Esta acción —basada en una nueva interpretación legal y la doctrina de “grandes cuestiones” de la Corte Suprema— ha recibido fuertes críticas de demócratas, expertos legales y científicos, y se espera que enfrente desafíos judiciales.
La Agencia de Protección Ambiental (EPA) está tomando medidas para transferir la supervisión de los estanques de cenizas de carbón tóxicas a los reguladores estatales bajo la administración Trump. El cambio ampliaría una autoridad que ya poseen cinco estados y potencialmente debilitaría las protecciones federales establecidas en 2015. Los críticos advierten que la reducción de la financiación estatal podría dejar a las comunidades vulnerables a la contaminación de las aguas subterráneas.
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Tras la 'Declaración de Disidencia de la EPA' de la primavera de 2025, en la que más de 140 empleados de carrera se opusieron a los cambios en la agencia bajo la administración Trump, el administrador Lee Zeldin puso a 144 firmantes en licencia administrativa pagada. Un artículo de The New Yorker cuestiona la supervivencia de la EPA bajo su liderazgo, lo que provocó que el Heartland Institute refutara tales afirmaciones defendiendo la moderación de la respuesta.
La Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. ha propuesto eliminar su Programa de Informes de Gases de Efecto Invernadero, que obliga a los grandes emisores a reportar datos de emisiones. Esta medida, parte de retrocesos más amplios bajo la administración Trump, genera preocupaciones sobre el seguimiento de las emisiones nacionales y la formulación de políticas climáticas. Expertos en clima y ONG advierten que, aunque existen alternativas, no pueden reemplazar completamente el rol del sistema federal.