Colombia debe pagar más de 500 millones de euros a Telefónica por fallo del Ciadi

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) ha ordenado a Colombia pagar inmediatamente más de 500 millones de euros a Telefónica por una disputa sobre redes móviles desde 1994. El fallo confirma un laudo de 2024 y levanta la suspensión al no presentar el Gobierno una garantía bancaria. El pago incluye capital, intereses y costas procesales.

El Comité ad hoc del Ciadi ha desestimado la solicitud de suspensión presentada por Colombia, obligando al pago inmediato de 379,8 millones de dólares de capital más intereses del 5% desde 2018, que suman unos 153 millones de euros, y gastos judiciales. Fuentes del proceso indican que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) no presentó la garantía requerida en los últimos 30 días debido a compromisos presupuestarios de 2026.

El conflicto se originó en contratos de telefonía móvil de 1994 con una cláusula de reversión de activos, que la Contraloría General de la República aplicó en 2013 pese a leyes posteriores. En 2017, un arbitraje nacional condenó a Coltel, filial de Telefónica, a pagar unos 530 millones de dólares de la época. Telefónica recurrió al Ciadi en 2018 alegando violación del acuerdo de inversiones Colombia-España de 2005, que exige trato justo y equitativo.

El laudo inicial de noviembre de 2024 favoreció a la empresa, y ahora el Gobierno de Gustavo Petro agotará recursos, con audiencia de anulación en París los días 3 y 4 de junio. La ANDJE afirmó: “continuará defendiendo con firmeza los intereses de la Nación y que agotará todos los recursos jurídicos disponibles para suspender la ejecución del laudo”. Telefónica, que vendió su participación en Coltel a Millicom en febrero, recibirá el pago pero declinó comentar.

Este caso contrasta con el de Claro en 2021, donde el Ciadi falló a favor de Colombia por un tratado menos protector con México. Petro ha propuesto salir del Ciadi por lesionar la soberanía, ante riesgos de 52 billones de pesos en litigios.

Artículos relacionados

Symbolic illustration of Colombia's Constitutional Court ordering $25B tax refund, with money flowing to governors amid ruling.
Imagen generada por IA

Constitutional Court orders return of $25 billion collected during emergency

Reportado por IA Imagen generada por IA

Colombia's Constitutional Court declared Legislative Decree 1474 of 2025 unconstitutional and ordered the Dian to return about $25 billion collected from emergency economic taxes in December. The Dian confirmed it will comply and implement measures within 30 days. Governors welcomed the ruling for easing regional finances.

The National Government filed an appeal before the Council of State to reverse the provisional suspension of a $25 trillion transfer from private funds to Colpensiones. The precautionary measure was issued on April 28 against Decree 415 of 2026. The ministries defend the decree's legality within the pension reform framework.

Reportado por IA

Colombia's Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) has launched a formal investigation into Comcel S.A., operating as Claro, for alleged violations of consumer rights in the sale of technological products and financing offers via its e-commerce channel. The regulator issued charges after reviewing information requests, financing contracts, advertisements, and Claro's website.

The Colombian Chamber of Infrastructure warned about the potential impacts of ending the highway concession contract in the Coffee Axis early.

Reportado por IA

The Alicante Commercial Court accepted a counterclaim by Frisby España against Frisby Colombia. Charles Dupont, legal representative of Frisby España, confirmed demands for compensation over reputational damage and economic losses. Frisby Colombia states the legal process is ongoing.

The Superintendencia de Subsidio Familiar extended the total administrative intervention of the Caja de Compensación Familiar del Huila for twelve additional months. The measure aims to mitigate persistent judicial and financial risks despite the patrimonial recovery achieved.

Reportado por IA

Asofondos reiterated that the transfer of pension resources must comply with current law. The association requested a definitive ruling from the Constitutional Court on Law 2381 of 2024 to provide legal certainty. It warned that an early transfer to Colpensiones violates existing regulations.

 

 

 

Este sitio web utiliza cookies

Utilizamos cookies para análisis con el fin de mejorar nuestro sitio. Lee nuestra política de privacidad para más información.
Rechazar