El municipio de La Leonesa, en el Chaco, implementó un control que obliga a repartidores y transportistas a pagar cerca de 47.000 pesos diarios para ingresar y realizar entregas. La medida, justificada por una ordenanza tributaria, ha generado quejas de trabajadores, vecinos y la oposición por su impacto en la logística y el comercio. El intendente defiende la tasa como una forma de proteger el comercio local.
En el interior del Chaco, la localidad de La Leonesa ha desatado una polémica al exigir un canon diario a repartidores y transportistas para permitir el ingreso de vehículos con mercadería o paquetería. Los inspectores municipales registran manualmente los datos en los accesos y notifican la obligación de pagar la tasa, bajo amenaza de monitoreo por cámaras y sanciones si se realizan entregas sin abonar.
Algunos repartidores optan por pagar para no perder el día de trabajo, mientras que otros evitan la zona y redirigen operaciones a localidades cercanas como Las Palmas, donde coordinan retiros con clientes. Esto ha causado molestias entre los vecinos, que pagan por envíos a domicilio pero terminan asumiendo costos extra para recoger paquetes.
La medida no se limita a servicios de paquetería; también afecta a camiones de materiales de construcción y otros insumos. El intendente José Carbajal justificó el esquema: “El municipio es autónomo y tiene atribuciones para dictar sus propias ordenanzas, entre ellas regular actividades comerciales que generan ganancias y compiten con el comercio local”. Según la Ordenanza General Impositiva, la tasa diaria es de 42.000 pesos y la mensual de 250.000 pesos, aunque repartidores reportan un monto de 47.000 pesos, posiblemente por actualizaciones o adicionales.
La oposición cuestiona el alcance de la ordenanza, originalmente para proveedores, y la falta de transparencia en los registros manuales. El juez de Faltas, Esteban Laviosa, indicó que no se han aplicado multas aún. El municipio menciona convenios mensuales para habituales, pero repartidores dicen no haber sido informados. Esta situación altera la cadena de consumo y encarece servicios, según las denuncias.
