El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha suspendido un decreto de la Junta que pretendía modificar los límites de una zona protegida para eludir la orden de demolición del complejo turístico Marina Isla de Valdecañas.
El auto judicial, dictado el 9 de junio de 2026, da la razón a Ecologistas en Acción y considera que el decreto aprobado el 16 de diciembre carece de justificación técnica o ambiental. Los magistrados señalaron que la medida podría suponer un atajo para resolver otros problemas y dificultar la ejecución de sentencias firmes.
El Tribunal Supremo ordenó en 2022 la demolición total del resort, que incluye 185 villas, un hotel y un campo de golf. El Tribunal Constitucional rechazó los recursos de amparo a finales de 2025.
La Junta de Extremadura ha anunciado que recurrirá la decisión y sostiene que el decreto solo corrige errores cartográficos antiguos. El abogado de Ecologistas en Acción, Jaime Doreste, lo describió como un fraude de ley para rescatar urbanísticamente el complejo.
