El proceso de regularización extraordinaria finalizó hoy con más de un millón de solicitudes presentadas. El Tribunal Supremo estudia elevar una cuestión prejudicial al TJUE y la Generalitat Valenciana pide su suspensión cautelar.
El Ministerio de Migraciones prepara alegaciones para defender ante el Tribunal Supremo que el Real Decreto 316/2026 es compatible con el derecho comunitario. Fuentes ministeriales subrayan que el permiso de residencia y trabajo es válido exclusivamente en territorio español.
La Generalitat Valenciana presentó alegaciones este martes en las que solicita la suspensión cautelar del proceso. La Abogacía de la Generalitat advierte de que, de no suspenderse, los efectos de la regularización podrían hacerse efectivos de forma inmediata.
Pedro Sánchez anunció un plan de integración dotado con 500 millones de euros anuales. El presidente del Gobierno afirmó que la regularización es un éxito de gestión migratoria y un paso clave para sacar de la invisibilidad a cientos de miles de personas.
La Comisión Europea reiteró que la medida es competencia de los Estados miembros y declinó comentar las providencias del Supremo. Un portavoz indicó que el asunto sigue en los tribunales españoles.
