La Gaceta Oficial de la República de Cuba ha publicado la Ley 168 sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece un marco legal para la transparencia en la administración pública y garantiza el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública. Esta legislación promueve la divulgación proactiva de datos y protege la información personal, al tiempo que detalla procedimientos para solicitudes de información.
La Ley 168, publicada el 9 de enero, representa un avance en el sistema institucional cubano al regular la transparencia en la administración pública. Obliga a entidades estatales, agencias centrales, empresas nacionales, órganos locales del Poder Popular, organizaciones sociales y cualquier entidad que administre recursos públicos a divulgar información de interés público de manera sistemática y accesible, sin necesidad de solicitud previa.
Entre la información que debe revelarse se incluyen misiones, funciones, datos sobre ejecutivos, estrategias, programas, fondos, planes de desarrollo, proyectos, bienes y servicios, balances resumidos, presupuestos y informes de rendición de cuentas. Los principios rectores son accesibilidad, acceso gratuito, rapidez, calidad, buena fe, inclusión, no discriminación y control.
Cualquier persona puede solicitar información pública, con respuestas en 15 días hábiles, prorrogables por igual período, y el acceso es gratuito salvo costos de reproducción. Excepciones aplican a defensa nacional, datos personales, procedimientos judiciales, confidencialidad bancaria y protección ambiental, sujetas a una prueba de daño que equilibre el interés público.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Ambiente (CITMA) lidera el Sistema Nacional de Transparencia, coordinado con el sistema de gestión documental, supervisando el cumplimiento y monitoreando anualmente. La ley entra en vigor 180 días después de su publicación, con énfasis en capacitación y infraestructura tecnológica para fomentar una cultura de transparencia.
Especialistas de CITMA destacan que esta norma fortalece la participación ciudadana y la rendición de cuentas, alineándose con principios constitucionales.
