La mayoría de los elegidos franceses violan el derecho de acceso a la información pública

En una tribuna de Le Monde, miembros de la junta directiva de la asociación Ma Dada condenan la opacidad persistente de las instituciones francesas respecto a las solicitudes de acceso a la información pública. Señalan que, pese a una ley de 1978 y un reconocimiento constitucional en 2020, el 75% de las 3.000 consultas en su plataforma quedaron sin respuesta. Esta 'política del avestruz' obstaculiza la evaluación de las políticas públicas y el debate ciudadano sobre temas clave como el medio ambiente o la salud.

La asociación Ma Dada, centrada en la transparencia de la vida pública, responde a las recientes controversias sobre los gastos de los mandatos de los elegidos, como compras de ropa de lujo, perfumes o artículos para niños. Estos casos, aunque legales, no ocultan lo que consideran un escándalo más profundo: la negativa ilegal al acceso a la información pública por parte de la mayoría de los elegidos y administraciones.

El derecho de acceso a los documentos administrativos se remonta a 1978, con la creación de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), que evalúa posibles secretos que podrían oponerse al acceso libre. Sus orígenes se encuentran en el artículo 15 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que establece que «la sociedad tiene derecho a exigir de todo agente público cuenta de su administración».

En 2020, el Consejo Constitucional elevó este principio a rango constitucional. Sin embargo, los datos de Ma Dada pintan un panorama sombrío: de 3.000 solicitudes de notas de gastos en madada.fr, la mayoría termina en negativa. En el 75% de los casos, las administraciones guardan silencio, lo que equivale legalmente a una negativa implícita tras un mes.

Esta opacidad, denominada 'política del avestruz', suele provenir de cálculos políticos o de la falta de procesos administrativos orientados a la transparencia. Impide a los ciudadanos evaluar las políticas públicas y formar juicios informados sobre temas críticos como el medio ambiente, la salud o la educación, especialmente a medida que se acercan las elecciones municipales.

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