El Ministerio de Justicia de Brasil notificó a los tres mayores distribuidores de combustible, Ipiranga, Raízen y Vibra, dándoles 48 horas para detallar los recientes ajustes de precios. La medida responde a las sospechas del gobierno de que las bruscas subidas preceden a los efectos de la guerra de Oriente Medio. Las empresas insisten en la transparencia y señalan los costes de importación y los problemas de suministro.
El jueves (19), hacia el mediodía, el Senacon notificó a Vibra Energia (22% de cuota de mercado), Raízen (15%) e Ipiranga (15%), que juntas manejan cerca del 60% del suministro nacional. Deben facilitar datos antes del sábado 21 por la tarde sobre volúmenes solicitados y suministrados, existencias, retrasos y pedidos incumplidos. Una cuarta empresa, Larco, también fue notificada pero solicitó cinco días más, sin respuesta todavía. El Gobierno planea controles en 11 distribuidores y da prioridad a 62 ciudades por sospechas sobre el precio del gasóleo, señalando subidas simultáneas que sugieren un posible cártel, a la espera de pruebas. El 8 de marzo, el Senacon alertó al Cade; el 10, inició el monitoreo formal, que involucra a Procons de 16 estados. Raízen confirmó una inspección del DF y declaró que "evaluará la situación y ofrecerá aclaraciones", haciendo hincapié en el "compromiso con la transparencia, la integridad y el cumplimiento de la legalidad". Ipiranga señaló que "los precios están influenciados por múltiples factores", como las elevadas importaciones, con datos de la ANP que muestran un aumento de más de R$1 en los costes del productor y del importador. Vibra citó un "escenario desafiante con restricciones de suministro" y reafirmó el compromiso de suministro. La guerra en Oriente Medio empujó al Brent a 119 dólares por barril, y luego a 110 dólares.
